Actualmente están ocurriendo dos hechos sumamente relevantes para la reputación de nuestro país, el primero de ellos es la implementación del nuevo sistema de justicia penal que tendrá como fecha máxima para su total instalación el día 18 de Junio del 2016; el segundo evento se refiere a la salida del grupo interdisciplinario de expertos independientes que a lo largo de varios meses estuvieron trabajando en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
En lo que respecta al nuevo sistema de justicia, la idea es que tengamos ahora un sistema acusatorio basado en juicios orales donde sea la fiscalía (actual procuraduría) la que tenga la carga de la prueba, esto significa que se presumirá que una persona acusada de un crimen será inocente hasta que se pueda demostrar lo contrario, para lo cual sin lugar a dudas se requerirán grandes investigaciones que aporten pruebas irrefutables de la culpabilidad de una persona que está en calidad de acusado.
Ahora, sobre la retirada del GIEI o grupo interdisciplinario de expertos independientes, es sin duda lamentable que aun sabiendo que el GIEI no solo aportó elementos de trascendencia sobre el caso Ayotzinapa, sino que también refutó la tesis “oficial” del gobierno mexicano acerca de la desaparición de los 43 estudiantes, el gobierno federal decida no renovar el permiso de estadía de GIEI para continuar con la investigación del caso.
A simple vista nos podríamos preguntar ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? Bueno, realmente ambos temas están más relacionados entre sí de lo que podríamos creer. El GIEI ha dicho reiteradas veces que su investigación se vio obstaculizada constantemente por las propias autoridades del Estado mexicano, quienes no solo se negaban a entregarles información trascendente del caso sino que además alteraban las evidencias de lugares clave que tenían relación directa con la desaparición de los estudiantes, llegando incluso a “sembrar” evidencias falsas para que la investigación se encaminara al dicho de la llamada “verdad histórica”.
Para el nuevo sistema de justicia es fundamental tener tanto policías como agentes de la fiscalía que estén sumamente capacitados en las labores de preservar escenas del crimen así como hacer análisis efectivos sobre los elementos que pudieran ayudar a resolver el caso, sin embargo las autoridades de la PGR parecen hacer justo lo contrario, y por lo mismo más bien pareciera ser que quieren evitar que el caso se resuelva de forma efectiva.
Debemos de ahora hacernos otra pregunta ¿Si en un caso que ha trascendido mundialmente como lo fue el caso Ayotzinapa, y que se ha ganado la consternación de la comunidad internacional, se están cometiendo atropellos a un elemento clave del nuevo sistema que es la preservación de la escena del crimen, que podríamos esperar de la actuación de las autoridades mexicanas en los casos que no trasciendan de forma internacional? Por ejemplo como los casos de desaparición forzada en Veracruz, el reciente incendio provocado en los montes de Uruapan o simplemente algún caso de robo, asalto o algo por el estilo que pudiera llegarle a ocurrir a cualquier ciudadano.
El estado mexicano ha gastado grandes sumas de dinero en la promoción de su nuevo sistema de justicia, sin embargo sus recientes actuaciones policiaco-administrativas dejan mucho que desear sobre la preparación tanto técnica como jurídica de las autoridades mexicanas.
Los ciudadanos tenemos que recordar que el objetivo principal de un gobierno es brindar seguridad y justicia a sus ciudadanos, por lo mismo si el gobierno no cumple con este objetivo queda sin razón para seguir ejerciendo el poder de forma legítima. Finalmente, debido a nuestro deber de ciudadanos y contemplando los recientes acontecimientos que han pasado en nuestro país y estado, tenemos que hacernos esta última pregunta ¿Y la justicia dónde está?