Frivolizar la lucha contra la violencia machista es grave, sobre todo cuando son las universidades quienes lo acostumbran. Obligadas a promover la cultura y educar en todas las ramas del saber, las universidades son también responsables de la seguridad de las mujeres, como de todas las personas que habitan en sus aulas. Sus obligaciones se extienden además a los espacios en los que se realizan actividades académicas de extensión y vinculación, como el servicio social que las personas egresadas de medicina y otras áreas realizan en espacios remotos y diversos. El feminicidio reciente de Mariana Sánchez Dávalos, pasante de Medicina por la Universidad Autónoma de Chiapas, debe alertar a todas las universidades del país acerca de su responsabilidad ante la ola de violencia machista que se vive en México desde hace décadas.
Ante la negligencia e indolencia de las autoridades gubernamentales y universitarias, dos meses después de haber denunciado violencia sexual ante la fiscalía del estado de Chiapas y haber solicitado su cambio de ubicación ante la secretaría de salud del mismo estado, sin ser atendida, Mariana fue encontrada sin vida en un cuarto de la clínica donde prestaba su servicio social obligatorio. Según la necropsia de la fiscalía las causas de muerte fueron asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento. Además, se precisa que el médico legista no constató huellas de violencia o agresión sexual y el cuerpo, inconcebiblemente, fue cremado sin consentimiento de la familia.
Desafortunadamente el de Mariana no es el único caso de feminicidio contra universitarias que conocemos. Entre los casos registrados como feminicidios cometidos en las propias instalaciones universitarias destaca el crimen de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien fuera asesinada en los jardines de la ciudad universitaria de la UNAM en mayo de 2017. Ahorcada con el cable telefónico de una caseta cercana a la Facultad de Ingeniería por quien fuera su novio, como se supo posteriormente, inicialmente se pretendió declarar su muerte como un suicidio. Además de señalarla como consumidora de drogas y alcoholizada, las autoridades tardaron más de dos años en condenar al culpable, tras las apelaciones de organizaciones de mujeres que se manifestaron indignadas por la torpe investigación.
Así, entre infinidad de feminicidios, impunidad y revictimización a víctimas directas y a sus familias, hoy nos encontramos alarmadas por las deplorables declaraciones de profesores y profesoras de la misma universidad en la que estudió Mariana. Desestimando la gravedad del hecho, la directora de la Facultad de medicina humana de la UNACH declaró que “igual se mueren muchos hombres también y para mi vale exactamente lo mismo” (https://www.susanasolisinforma.com/contenido-desestima-directora-de-medicina-muerte-de-mariana-gracias-a-dios-no-sufrio-.php). Por su parte, la autoridad universitaria emitió el primer día de febrero un oficio convocando a las y los directivos, estudiantes, docentes y personal administrativo, a reflexionar, discutir y proponer el “cambio de rumbo” que la casa de estudios debe adoptar, remarcando el carácter “voluntario” de la participación de los integrantes de la institución. Como si todavía no se enterara de la obligación que tienen tanto los docentes como las autoridades universitarias en la imprescindible tarea de erradicar la violencia.
Contrariamente a sus responsabilidades, los espacios universitarios son utilizados por muchos profesores como tierra de nadie, islotes de arbitrariedad en los que durante muchos años ha campeado la impunidad. Particularmente en torno a la violencia machista contra mujeres y niñas, como lo refleja fielmente el profesor Mario Chin, de Ingeniería Civil de la UNAM, quien en octubre de 2020 fue grabado degradando a sus alumnas mediante “chistes” soeces, sin ninguna gracia más que la bajeza de su espíritu pretendiendo ser ingeniosa. El supuesto chiste que contó a sus impasibles alumnos consistió en establecer una analogía entre una estudiante y la necesidad de golpearla para tener acceso carnal a ella. Su bajísimo nivel de decencia (y sobre todo de humor) coincide con el dicho de Arturo Zentella, otro profesor de la Facultad de Ingeniería Química en la misma universidad, quien por las mismas fechas se atrevió a decirle a otra estudiante que, debido a la pandemia, no podía pedirle sexo (como medio de cohecho para acreditar su curso) y que no se le ocurría otra cosa (para cumplir su —ni remotamente reconocida— obligación de educar).
Es tal el cúmulo de irregularidades inmorales, pero sobre todo ilegales, expresado en las frases de los “encantadores” profesores cuya vocación de humoristas y proxenetas quedan de manifiesto, que es difícil nombrarlas y aún más desmenuzarlas. El problema es que en los ambientes universitarios pululan masas de este tipo de personas. Apenas hace unos días (enero de 2021) otro profesor de ingeniería civil, Felipe de Jesús Gutiérrez Escobedo, también de la UNAM, utilizando lo que llamó un ejemplo “chusco”, afirmó que lo que primero ve de una mujer son “sus chichis”. Ninguno de estos profesores ha sido expulsado de la universidad que se cuenta “entre las mejores de Latinoamérica”.
Los misóginos, abiertos o camuflados bajo disfraces de todo tipo (marxistas, científicos, positivistas, posmodernos o clericales), conviven cotidianamente —muchas veces con autoridad suficiente sobre las estudiantes— como para realizar sus más pedestres (y muchas veces pederastas) fantasías. De modo que las jóvenes estudiantes y futuras profesionistas tienen que aprender, desde el momento de su ingreso a las universidades, a sortear las prácticas machistas y violentas de muchos profesores, condiscípulos y autoridades, a la vez que estudiar. Por esto es que el acoso y el hostigamiento sexual vulneran derechos básicos. No sólo los derechos sexuales y reproductivos sino también el derecho a la educación. En ese contexto de ausencia de respeto a la dignidad de las estudiantes, además de los conocimientos propios de su especialidad, las universitarias se ven obligadas a aprender a prepararse para recibir con estoicismo la continuidad del acoso en el ámbito profesional.
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Finalmente, en todos esos casos, a veces más sutiles y en otros franca y abiertamente degradantes, los hábitos de la mayoría de los profesores universitarios distan mucho de ser modelos de superioridad moral o ejemplo de los valores legítimos de justicia y conocimiento que la universidad enarbola. La indecencia de la misoginia en las universidades es legendaria, pero increíblemente, como un mal chiste que se suma a los de los pseudo-educadores referidos, ante el estado de violencia que se intensifica en todo el país, la Universidad Michoacana ha decidido burlarse de su obligación institucional de combatir y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante el infantil y desorbitado recurso de un cuestionario a los alumnos de nuevo ingreso en el que se les pregunta si les gusta usar falda o pantalón…