Para ocupar la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar, especializado en violencia familiar y violencia contra la mujer por razón de género, polos opuestos contienden en Michoacán.
Morelia, Michoacán.- En Michoacán polos opuestos contienden en la elección del Poder Judicial estatal para ocupar la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar, especializado en violencia familiar y violencia contra la mujer por razón de género.
Se trata de Lorena Bedolla Ponce y Soledad Alejandra Ornelas Farfán, la primera reconocida por el papel que jugó de manera relevante como asesora victimal en el caso del feminicido de la joven profesora Jessica González Villaseñor, y la segunda, señalada por emitir un fallo como jueza en contra de una víctima sobreviviente de violencia de género.
Una tercera contendiente es Cristina Isabel Elizalde Quiroz, quien se ha desempeñado como funcionaria en el INEGI, en la delegación de lo que antes fue la Secretaría de Desarrollo Social, y en la Secretaría de Gobierno en la administración de Silvano Aureoles, también fue litigante dos años en un Despacho Jurídico.
Soledad Alejandra Ornelas Farfán ha sido señalada por organizaciones y activistas feministas por el caso de Fabiola Rosas Espinoza, víctima sobreviviente de violencia de género, tras ordenar como jueza retirarle las medidas de protección que le habían sido otorgadas en febrero de 2023 –lo que la mantiene en riesgo-, y abrir paso para que el presunto agresor conviviera con su hijo.
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El pasado seis de febrero, en las instalaciones del juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar, que ocupa Alejandra Ornelas, se manifestaron activistas feministas en apoyo a Fabiola, colocando cartelones que referían: “¿Cuánto vale la vida de un menor y su madre?, pregúntale a la jueza Soledad Alejandra Ornelas”, “Fabiola, las feministas te respaldamos”, “¡Jueza corrupta!, vende la vida de mujer y menor a su violentador”.
En el caso de Lorena Bedolla Ponce, su participación como asesora victimal asignada por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en el juicio por el feminicidio de Jessica González Villaseñor, fue determinante para el fallo condenatorio y la pena impuesta al feminicida Diego Urik Mañón Melgoza.
A lo largo del juicio Verónica Villaseñor, madre de la víctima, reconocería el acompañamiento y asesoría de Lorena Bedolla, el cual continuó luego de individualizarse la sentencia y que el feminicida acudiera a otras instancias para combatir el fallo en su contra.