Como medida cautelar dentro del juicio que se le sigue y por el que fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y daño patrimonial, el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz será internado un mes en el penal del Topo Chico, en Monterrey.
La fiscalía pidió que el exmandatario fuera internado cuatro meses pero el juez de control, Miguel Ángel Eufracio Rodríguez, consideró que sería excesivo por lo que decidió que solamente fueran 30 días y a las 3:30 horas de hoy fue ingresado al penal.
De acuerdo con el abogado del e gobernador, Alonso Aguilar Zínser, en entrevista a las 4:00 horas, el juez violó la suspensión de amparo con la que contaba para impedir medidas cautelares “en forma infundada y cuestionable”, por lo que denunciarán el caso ante el juzgado Quinto de Distrito.
Manifestamos nuestra total inconformidad, exhibimos la suspensión provisional otorgada por el juzgado Quinto de Distrito que establece que el licenciado Medina no puede ser privado de su libertad y se le hizo saber al juez que no se podía ni siquiera discutir las medidas cautelares, pero de forma infundada y cuestionable el juez decidió, en franco desacato de la suspensión, escuchar al Ministerio Público”, señaló Aguilar Zínser.
Al cuestionarle la reacción de Medina de la Cruz, el litigante señaló que quedó “absolutamente sorprendido” por la decisión del juzgador, ya que consideró que se favoreció la posición de la fiscalía.
Para poder evitar la prisión preventiva, se le pidió al exgobernador que entregara una cantidad de 3 mil millones de pesos, monto señalado por el gobierno actual para resarcir el daño presuntamente cometido por haber otorgado incentivos ilegales a la automotriz KIA para que se asentara en el estado de Nuevo León.
La audiencia inició a las 9:00 horas del miércoles y duró más de 18 horas, hasta las 4:00 horas de este jueves, cuando Medina de la Cruz fue trasladado del Palacio de Justicia de Monterrey, donde se llevó a cabo la audiencia, al reclusorio.
De acuerdo con el juez de control, cada delito al que fue vinculado alcanza entre 2 y 12 años cada uno y la máxima pena sería de 24 años, por lo cual consideró factible que el acusado se fugara, sobre todo porque su domicilio está en la Ciudad de México.