Con la instalación de la Comisión Especial para darle seguimiento al Desarrollo de la Zona Económica Especial (ZEE) del Puerto de Lázaro Cárdenas, la 73 Legislatura del Congreso de Michoacán dio a conocer que se buscarán establecer exhaustivas medidas de vigilancia para conocer los avances que se obtengan a través de esta plataforma comercial.
Fue este jueves cuando se instaló oficialmente la comisión antes señalada, con la intención de conocer los alcances y pendientes que giran en torno a la Zona Económica Especial que se consideró para el puerto de Lázaro Cárdenas.
Como presidenta de la comisión que dará vigilancia a la ZEE de Lázaro Cárdenas, la diputada emanada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eloísa Berber Zermeño subrayó que con la participación del Congreso local, se podrían coordinar acciones con el Gobierno del Estado encaminadas a potenciar el desarrollo monetario y comercial del estado.
Durante la instalación de la Comisión Especial para darle seguimiento al Desarrollo de la Zona Económica Especial, la legisladora se dijo consciente de que durante años los habitantes de Lázaro Cárdenas han sufrido abandono, por lo cual urgió la necesidad de que las ganancias de esta plataforma comercial se focalicen en fortalecer el desarrollo de quienes ahí habitan.
Aunque este argumento podría sonar un tanto incongruente, considerando que hace apenas unas horas se procedió al desalojo de ejidatarios que durante años han ocupado ilegalmente la isla de La Palma, para el establecimiento de trasnacionales en el puerto; la diputada priísta subrayó que “los habitantes de Lázaro Cárdenas llevamos muchos años esperando que se dé un proyecto de esta naturaleza y durante años nos han prometido diferentes proyectos como el frente urbano turístico y unos años después el mega proyecto que prometían poner al municipio de Lázaro Cárdenas nuevamente en los primeros lugares de desarrollo del Estado y del País, pero nunca llegaron y en el inter los habitantes de esta zona hemos sufrido de todo”.
Ahí mismo, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís justificó que el desalojo en La Palma obedeció que eran “bienes y derechos reales que son propiedad del Estado, y por ello son del interés general”.
Este argumento fue replicado en una entrevista concedida por el funcionario estatal, en la que subrayó que el aseguramiento de 400 hectáreas de las 628 que comprenden al espacio en cuestión, fue consumado a través de una medida cautelar, integrada en una averiguación previa penal.
Bajo este panorama, el Congreso de Michoacán fijó el compromiso de participar de manera permanente sobre la instalación de la ZEE de Lázaro Cárdenas, a fin de que dicha plataforma comercial llegue a potenciar el desarrollo económico del estado.