Víctimas de trata: para prostituir, esclavizar, adoptar o delinquir de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Morelia, Michoacán.-Para las grupos delincuenciales, las víctimas del delito de trata de persona tienen fundamentalmente cuatro finalidades: la prostitución, el esclavismo, la adopción, o bien el reclutamiento para la realización de actividades ilícitas.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportan de 2015 a 2022 un total de 3,476 casos registrados por trata de personas.
En Michoacán los datos de la Fiscalía General del Estado consignan sólo 71 denuncias de 2013 a la fecha.
En lo que va del 2022 son dos, mientras que, el 2020 se presenta como el de mayor número de casos reportados con once.
Sin embargo, se estima que el 99 por ciento de los casos no son denunciados y permanecen como cifra negra. Lo anterior conforme a la diputada Adriana Hernández Íñiguez, quien ha promovido en el Congreso un combo de reformas en materia de trata, incluyendo modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas, así como de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán.
“Dimensionar la trata de personas se vuelve una empresa mucho más compleja si partimos del hecho de que tanto el delito como las víctimas parecieran ser invisibles”, apunta Hernández.
La reticencia de las víctimas para denunciar, es uno de los factores que invisibilizan el problema: “desconfianza hacia las instituciones, corrupción y actitudes prepotentes por parte de sus operadores, además de procedimientos burocráticos en el sentido más crudo del término, han alejado de las barandillas a quienes son víctimas de un delito”.
Al respecto la legisladora abunda: “es difícil que las mujeres víctimas se atrevan a denunciar, debido a atavismos que tienden a cuestionar la calidad del sujeto pasivo del delito, sobre todo cuando se trata de agresiones sexuales, con base en preguntas como: ¿y por qué hasta ahora denunció? ¡Si ya pasaron años!; lo que constituye un serio impedimento para obtener justicia”.
Entre los datos proporcionados por Hernández, están aquellos que provienen del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y que refieren sobre las víctimas de trata: 74% son destinadas a fines de explotación sexual; 11% a explotación laboral; para trabajos o servicios forzados van el 10%; en tanto que un 2% se usa para la adopción ilegal de niñas y niños: y un 2% son menores que utilizan para la comisión de delitos.
Los sitios en que se comete el delito de la trata son casas (31%), hoteles (25%); la vía pública (13%), negocios (11%), bares (10%), entre otros.
“La trata de personas trasciende por mucho nuestras fronteras, ya que muchas de las víctimas son trasladadas a los Estados Unidos de América, donde son forzadas a prostituirse”.
En las reformas que plantea Hernández, prevé de entrada adicionar entre los principios rectores previstos por ley, el de la “debida diligencia reforzada”, entendida ésta a partir de una serie de acciones que deben seguirse al tratar investigaciones penales por violencia sexual: la declaración de la víctima deberá realizarse en un ambiente cómodo y seguro, que le brinde privacidad y confianza; la declaración de la víctima se registrará de forma tal que se evite o limite la necesidad de su repetición; se brindará atención médica, sanitaria y psicológica a la víctima, tanto de emergencia como de forma continuada si así se requiere, mediante un protocolo de atención cuyo objetivo sea reducir las consecuencias de la violación.
Además se debe realizar inmediatamente un examen médico y psicológico completo y detallado por personal idóneo y capacitado, en lo posible del sexo que la víctima indique, ofreciéndole que sea acompañada por alguien de su confianza si así lo desea.
Las medidas incluyen también la documentación y coordinación de los actos investigativos, con un manejo diligente de las pruebas, tomando muestras suficientes, realizando estudios para determinar la posible autoría del hecho, asegurando otras pruebas como la ropa de la víctima, investigando de forma inmediata el lugar de los hechos y garantizando la correcta cadena de custodia.
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También se deberá brindar acceso a asistencia jurídica gratuita a la víctima durante todas las etapas del proceso.