Una mayor penalidad para el delito de despojo es la que se plantea en el Congreso local para Michoacán, delito que, durante los primeros siete meses de 2022 acumuló un total de 521 denuncias ante la Fiscalía General del Estado.
En enero se presentaron 77 denuncias por este delito, cifra que disminuyó ligeramente para febrero con 75; en marzo se registraron el mayor número de casos con 85, y para abril bajaron a 51, remontando nuevamente en mayo a 76. Para junio pasarían a 81 las denuncias, en tanto que en julio ascendieron a 76.
La prevalencia del delito derivó ya en una iniciativa presentada por el petista Reyes Galindo ante el Pleno Legislativo, quien refiere que la invasión de predios es un fenómeno político, económico y social altamente complejo, y al que hay que atender de manera decidida, de manera integral.
“De acuerdo con información del Ayuntamiento de Morelia, para el año 2020, tan solo en esta ciudad se tiene registro sobre 237 colonias irregulares en zonas ubicadas sobre o cerca de fallas geológicas, susceptibles de inundación, deslaves y otras condiciones que ponen en riesgo la salud, la integridad, la vida y el patrimonio de quienes habitan el lugar”.
El legislador apunta en su iniciativa que en Michoacán existe una baja penalidad en este delito, “sobre todo y teniendo en cuenta que quienes promueven o fomentan dichos actos los llevan a cabo de manera sistemática y premeditadamente”.
“El factor impunidad resulta ser un efecto nocivo para toda sociedad, y que la falta de penas o sentencias condenatorias en cuanto a la relación de comisión de ilícitos, se traducirá en mayores índices de incidencia delictiva”.
La propuesta de petista plantea incrementar la penalidad por el delito de despojo, de manera que pase de una mínima de seis meses y una máxima de tres años, a una mínima de un año y una máxima de cinco años.
Propone además que cuando el despojo se realice por grupo o grupos, que en conjunto sean mayores de cinco personas, se aplicará a los autores intelectuales y a quienes dirijan la invasión, de dos a seis años de prisión.
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Además, prevé incorporar que cuando quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles, se les aplique una sanción de dos a nueve años de prisión.
Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se haya resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento o la absolución del inculpado.