Una modificación en la Ley es la que propone la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), para que los “testigos sociales” tengan una total apertura a cualquier ciudadano, con el fin, de erradicar la corrupción que existe en el ramo de la construcción, así lo dio a conocer el presidente del organismo, Franciso Gallo Palmer.
Durante el foro “Desarrollo y Fortalecimiento de las Mipymes de la Construcción”, el empresario constructor enfatizó que este modelo de testigos sociales, traerá beneficios reales a la ciudadanía, toda vez, que serán ellos quienes vigilen los procesos de obra pública en cada uno de sus municipios.
Al respecto Gallo Palmer solicitó al Senado de la República que se modifique la Ley de Obras Públicas que opera la Función Pública, y en la que se establece que solamente puede haber un testigo social cuando una obra rebasa los 10 millones de salarios mínimos, que actualmente significan 800 millones de pesos.
“Esos recursos no existen en una obra de cualquier municipio, no hay obras de esa magnitud y nos impide a las sociedades participar en este tipo de verificación social, por lo tanto es necesario que modifiquemos este articulo y los testigos sociales puedan participar con 100 mil salarios mínimos, que son 8 millones de pesos y que en los municipios sí se encuentran recursos de esa cantidad”, propuso.
Asimismo, informó que los testigos sociales están establecidos en la ley, pero no están explícitos en virtud de que solo existen 45 testigos sociales en todo México y 7 de ellos son asociaciones civiles, el resto, que son 35 son ex funcionarios del Gobierno Federal. “De tal forma que la sociedad no se ve representada en este tipo de testigos”.
Por ello, otra de las propuestas en el mismo sentido, refiere que los testigos sociales puedan incluir a colegios de arquitectos e ingenieros civiles, que son gente con experiencia y conocimiento de la infraestructura y que bien, podrían llevar a cabo las labores de vigilancia en cada una de las obras públicas que se propongan.