Un año de impunidad por la muerte del periodista Roberto Toledo
Morelia, Michoacán.- Ese lunes Roberto Toledo escuchó el pitido del timbre y acudió hasta el blanco portón del inmueble en que se encontraba, sin saberlo abrió la puerta a su muerte. El calendario marcaba 31 de enero de 2022.
Eran tres hombres jóvenes, dos de ellos si a caso de 20 años de edad –según se aprecia en los videos de seguridad-, les bastaron 30 segundos para que Roberto les abriera la puerta, dialogaran brevemente y lo mataran.
Roberto Toledo es el periodista no reconocido como tal por los gobiernos federal, estatal y municipal para minimizar su muerte. Fue asesinado hace un año en Zitácuaro, poco antes de que los directivos del medio de comunicación para el que trabajaba, Monitor Michoacán, arribaran para una reunión que tenían programada.
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La reacción del Estado Mexicano fue deslindar el homicidio de Roberto Toledo como un ataque contra la libertad de expresión e información y contra el ejercicio periodístico, optando por la ruta que se suele seguir en estos casos: la revictimización.
Semanas después el asesinato de Armando Linares, director de Monitor Michoacán, confirmaría lo que él mismo señaló desde un inicio: la muerte de Roberto no estaba desligada al ejercicio periodístico, ya se habían denunciado las amenazas y las autoridades no hicieron nada.
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El homicidio de Toledo fue dado a conocer por Linares, a través de una transmisión en la cuenta de Facebook del medio de comunicación: tras los disparos que impactaron su cuerpo y cabeza, Roberto quedó fatalmente herido, y al llegar al hospital falleció.
Las amenazas contra Monitor Michoacán, habían sido dadas a conocer por Armando linares en diferentes ocasiones, la más reciente una semana previa al homicidio de Roberto.
Apuntó entonces que las amenazas iniciaron a raíz de algunas informaciones que publicaron sobre obras municipales presuntamente propiedad de Carlos Herrera Tello, ex candidato a la gubernatura por PRD-PRI-PAN y quien también fuera alcalde en Zitácuaro.
También dijo que las intimidaciones se agravaron por las informaciones difundidas por Monitor sobre el exfiscal Regional de Zitácuaro, Francisco Herrera Franco.
Armando Linares tenía claro que las amenazas de muerte habían sido dirigidas en su contra y la de Joel Vera –colaborador de Monitor-, no contra Roberto, quien habría resultado ultimado por abrir la puerta del lugar en donde acordaron reunirse.
La inacción de las autoridades luego del asesinato de Roberto Toledo, derivaron semanas después en el homicidio de Armando Linares, sin que existan avances significativos en las investigaciones o haya algún detenido.
Cabe recordar que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asesinatos de periodistas en México se cometen con mayor frecuencia, que en las tres administraciones federales anteriores.
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En promedio durante el mandato de López Obrador se asesina a un periodista cada cinco semanas; con Enrique Peña Nieto, era uno cada siete semanas; y con Calderón uno cada seis semanas y media y con Vicente Fox, uno cada 14 semanas.
Tras el asesinato de Roberto Toledo, las alertas de Armando Linares sobre las amenazas que existían contra quienes laboraban en Monitor, no valieron y finalmente el 16 de marzo de ese año, frente a sus hijos, Armando fue baleado en su hogar.
Frente a lo ocurrido y tras emitir un posicionamiento previo, integrantes del Colectivo NiUnoMás Michoacán, determinaron salir a las calles para exigir una investigación, pronta, expedita y puntual, repudiando la impunidad que ha privado en los casos de periodistas asesinados, desaparecidos o violentados tanto en México como en el estado.
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En marcha desde la fuente de las Tarascas a Palacio de Gobierno, y posteriormente al Salón de Plenos del Congreso del Estado, los periodistas realizaron en diversas ocasiones el pase de lista de sus colegas asesinados y desaparecidos en Michoacán, lista que sumaba con Armando Linares un total de 18 casos.
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Michoacán junto con Yucatán para agosto pasado se posicionaba en el segundo lugar con agresiones a periodistas en México, sólo por debajo de la Ciudad de México que está en el primer lugar, según datos de la organización Artículo 19.
En el caso de Michoacán, la organización reportaba que las agresiones contra periodistas habían crecido nueve veces más durante el primer semestre de 2022, con respecto a las registradas en el primero de 2021.
Las agresiones que más cometen las autoridades son en forma el uso ilegítimo del poder público, así como la intimidación y hostigamiento.
La movilización generada en Michoacán tras los asesinatos de Roberto Toledo y Armando Linares derivaría en una serie de acciones y movilizaciones por parte del gremio periodístico en el estado.
Pese a la situación, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla optaría por la omisión, rechazando toda posibilidad de diálogo personal con el colectivo NiUnoMás, y guardando silencio sobre las muertes y agresiones a periodistas en la entidad.