20 de Septiembre de 2016
Carlos Navarrete, expresidente del PRD, está convencido de que el cambio de tono de El Peje y la férrea defensa que ahora hace de la institución presidencial, tiene que ver con el “cálculo político”.
El tabasqueño tiene muy claro que PRI y PAN le pueden aplicar, por tercera vez consecutiva, la receta del 2006 y el 2012: el voto útil de la militancia de cualquiera de estos dos partidos en favor del candidato mejor posicionado, para evitar el triunfo del hombre de Macuspana.
Hace 10 años, el voto útil favoreció al panista Felipe Calderón. Lo ayudaron gobernadores del PRI de entonces. Entre ellos, se menciona al neoleonés, Natividad González Parás. Hace cuatro, el miedo a El Peje benefició a Enrique Peña Nieto. Los votos de Josefina se fueron al abanderado del PRI.
Andrés ha modificado su tono. Se queja de que a Peña Nieto lo traen como al “payaso de las cachetadas”. El presidente de Morena se ha opuesto públicamente a la demanda de una renuncia anticipada del presidente de la República. “No queremos construir sobre escombros”, ha dicho el aguerrido tabasqueño.
Carlos no cree que sea un mensaje auténtico. Conoce hace mucho tiempo a Andrés. “Los primeros decepcionados serán los que creen en su nuevo discurso”, vaticina.
Cuenta, además, algo que nosotros ya hemos escuchado en boca de altos funcionarios del actual gabinete. Las últimas dos veces que fue a Monterrey a cenar con empresarios le dijeron lo mismo: hay que pararlo.
“Creen que si llega los va a expropiar”, dice el exjefe perredista, hoy dedicado a su despacho de abogados.
Navarrete, por otra parte, señaló a Ricardo Monreal como el “operador de las cañerías políticas” de López Obrador. Asevera que el ahora delegado en la Cuauhtémoc le pidió al presidente de Morena que lo dejara suelto. El clásico yo sé cómo hacerle. Le dijo, según Carlos, “si gano, tú te beneficias. Si pierdo, yo asumo las consecuencias”.
Y El Peje lo ha dejado.
El Bronco prepara una cibergira por toda la República. “Ir sin ir”, nos dice el gobernador de Nuevo León.
No se trata, únicamente, de hacer proselitismo personal para una eventual candidatura independiente en el 2018, sino también de buscar 300 ciudadanos que quieran jugársela por el cambio y echar fuera a los partidos, asevera.
A esos ciudadanos los pretende convertir en candidatos independientes al Congreso de la Unión.
Le preguntamos: ¿qué le partió la madre al Grupo Higa con la cancelación del proyecto hidráulico Monterrey VI que serviría para aliviar la escases de agua en la capital del estado? “Desde hace tiempo, nomás que hasta ahora lo anuncié”, nos dijo El Bronco muy sonriente.
El hombre tiene en mente otros proyectos menos costosos que llevar agua del río Pánuco a la ciudad de Monterrey como propone el consorcio del que forma parte el Grupo Higa, uno de los consentidos del régimen de Peña Nieto. “Traer agua desde tan lejos sale muy caro”, alegó.
Diversas fuentes calculan el costo de la obra asignada al grupo del empresario Juan Armando Hinojosa en 60 mil millones de pesos. Más de la mitad de la deuda del estado.
A Jaime Rodríguez le preguntamos si la decisión de cancelarle a Higa tiene que ver con la cercanía del empresario con el presidente Peña. “Para nada…”, repuso, “hay otros proyectos que nos cuestan 30% menos”.
Se retomó el asunto del fiscal Anticorrupción en el Senado. “No hay nadie definido. No ha sugerido nadie el gobierno, nosotros tampoco”, nos dice el panista Fernando Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta.
El tema lo empezaron a rebotar ayer los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios. Van a emitir una segunda convocatoria ampliada a nuevos aspirantes.
La primera se emitió hace un año, cuando eligieron al fiscal de Delitos Electorales. No avanzó porque no había legislación secundaria ni los consensos necesarios.
En esa ocasión se inscribieron 33 aspirantes, entre ellos el panista Juan Miguel Alcántara Soria, el exvisitador de la PGR, Ángel Buendía Buendía, los ciudadanos Jorge Nader Kuri, exdirector de averiguaciones previas de la PGR, José Fernández de Cevallos y Torres, doctor de la Universidad de Salamanca; Martha Elena Balam Marín y José Gabriel Salinas, entre otros.
Los senadores buscan un fiscal Anticorrupción de consenso, que reúna características de independencia, capacidad, profesionalismo, solvencia. Son ellos los que harán la propuesta al pleno y van a elegir quién se queda.
A la par de este proceso, tendrá que emitirse una convocatoria para la selección y análisis del presidente del Tribunal de Justicia Administrativa y al titular de la Función Pública. Estos últimos son a propuesta del Ejecutivo, pero requieren de la ratificación de las dos terceras partes del Senado.
Los tres nombramientos deberán quedar antes del mes de diciembre, nos dijo Herrera.
Para echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción se tiene que hacer un proceso para integrar, también, un Comité Ciudadano formado por cinco personas seleccionadas por nueve notables. Completan el sistema el Comité Coordinador, la citada Fiscalía Anticorrupción y los Sistemas Estatales de Lucha Anticorrupción.
El SNA nos costaría mil 500 millones de pesos. El 76.5% lo absorbería la Auditoría Superior de la Federación, según una evaluación del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, publicada ayer por Reforma.