Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas suscribieron un acuerdo que marca el cierre del proceso de reparación integral del daño causado a la familia de Julio César Chagolla Salcedo “Julín”, tras dos años de emitida la recomendación por el trágico asesinato del moreliano el 12 de agosto de 2020
Morelia, Michoacán.- El Ayuntamiento de Morelia y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas suscribieron un acuerdo que marca el cierre del proceso de reparación integral del daño causado a la familia de Julio César Chagolla Salcedo “Julín”, tras dos años de emitida la recomendación por el trágico asesinato del moreliano el 12 de agosto de 2020. Lo que representa la culminación de la respuesta a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2021.
El convenio contempla la entrega del monto acordado en cuatro partes, cuya cifra se mantuvo confidencial por motivos de seguridad, sin embargo se reconoció que es conforme a lo dictado en sentencia.
Hasta la fecha, ya se han realizado dos de los depósitos económicos correspondientes a la familia en virtud de este acuerdo.
Durante su intervención, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, lamentó los hechos ocurridos en la administración anterior, pero subrayó su responsabilidad actual como representante de la institución para abordar esta situación.
Hizo hincapié en la importancia de cumplir con lo que les corresponde en relación con esta violación de los derechos humanos y señaló que la culminación de este “doloroso capítulo en la historia de la ciudad en materia de derechos humanos es un paso necesario”.
El alcalde expresó su desacuerdo con la práctica de culpar al pasado y afirmó que en su gestión se respetan los derechos humanos. Subrayó la necesidad de que tanto el gobierno municipal como el estado en su conjunto estén diseñados para proteger estos derechos en lugar de vulnerarlos.
Por su parte, Josué Mejia Pineda, comisionado Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), destacó que este acuerdo debe servir como una medida de no repetición, evitando que hechos lamentables como estos se repitan en perjuicio de cualquier ciudadano.
Reconoció que hubo un delito cometido por funcionarios públicos en ese momento y que se debe tomar en cuenta la existencia de fallas estructurales en el sistema de seguridad pública en el estado y los municipios. “Este acuerdo establece un precedente importante”, destacó.
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Mejia Pineda valoró el diálogo como un medio constructivo y destacó la colaboración entre las distintas instituciones a pesar de sus diferentes perspectivas. También reconoció las fallas estructurales que permiten la violación de los derechos humanos, al tiempo que aseguró que la Comisión seguirá brindando apoyo y trabajo en la reparación del daño, demostrando la disposición de la Comisión Ejecutiva para centrarse en las víctimas.