La corrupción denunciada en diversos órganos de Gobierno Federal ha generado una crisis en la imagen del servicio público, minando la estabilidad de la vida democrática. Existe la percepción que estamos viviendo en una época donde este cáncer se manifiesta con mayor fuerza, quizá esto obedece a que la economía se encuentra estancada y el pastel no alcanza. No olvidemos que son muchos años de complacencia y de omisión, este mal nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia. Al PRI no le queda sino afrontar la nueva realidad. En su búsqueda de mantenerse en el poder es lógico que intenten frenar su caída electoral a través de castigar los excesos del gobernador priísta Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, de los ex mandatarios Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, César Horacio Duarte Jáquez, de Chihuahua. Incluso si fuera necesario profundizar la purga, la lista podría extenderse a otras entidades como el caso de Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León y Miguel Alejandro Alonso Reyes, de Zacatecas. También se pretende castigar al ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías, de Sonora.
En este contexto, el Senado de la República presentó el proyecto de presupuesto que se requiere para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción que contará con 150 plazas. Para esto se necesitan más de 143 millones, (casi el 50 por ciento se destinará al pago de sueldos). Los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana facturaran 1 millón 200 mil pesos al año cada uno; y los titulares de sus 7 áreas percibirán más de un millón de pesos al año; habrá 17 subdirecciones, cada plaza cobrará anualmente más de 747 pesos. Se crearan 38 jefaturas de departamento con un salario anual arriba de los 463 mil pesos, y existirán 82 enlaces, cuyo salario anual será de casi 305 mil pesos.
Como si no fuera suficiente, a estos gastos excesivos se deben más de 53 millones de pesos para el pago de servicios generales; otros 13 millones de pesos para materiales y suministros y casi 5 millones para bienes, muebles e inmuebles. No podrán quejarse de que no se les atiende bien.
Parece una broma de mal gusto en un país donde las diferencias sociales se han ido agravando cada día más, el desempleo se encuentra a la alza y los pocos trabajos que hay son mal pagados. En este sentido, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tiene razón al criticar al Sistema Nacional Anticorrupción que se pretende impulsar. Desde su punto de vista crecerá el gasto improductivo e innecesario. El tabasqueño denunció que lo mismo pasó cuando se creó el Instituto Nacional de la Transparencia, el cual cuesta mil millones de pesos, y sus funcionarios ganan 200 a 300 mil pesos mensuales.
Vale la pena recordar, al iniciarse la transición democrática en el 2000, Vicente Fox Quezada a pesar de contar con todas las credenciales democráticas, prefirió heredar la estructura del poder, pero sin los mecanismos para hacerla funcionar. No hubo manera de controlar los excesos de los gobernadores y demás servidores públicos. La corrupción se institucionalizó en los tres niveles de gobierno y sus efectos afectaron la vida cotidiana, donde resulto más caro hacer lo correcto que ser parte del círculo vicioso. Ahora bien, ¿la economía de México es tan endeble que sólo puede funcionar de está manera o es posible vivir de otro modo? ¿La clase política encontrará la cura al mal que ella misma provoco? Una cosa queda en claro, no podemos seguir bajo el manto de la impunidad, mientras no se aplique la ley y se castigue a quien fomente este fenómeno nocivo, cualquier acción sólo será un acto de simulación.