Iguala una noche que no termina
La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre del 2014, terminó siendo significativa para la sociedad no por el número de victimas, sino que en el imaginario colectivo este hecho representó el punto más álgido de la guerra entre el Estado mexicano y el narcotráfico que se inició en el 2006. El ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa solía declarar que era un daño colateral cuando había bajas de civiles. El problema es que Ayotzinapa representa la gota que derramo el vaso lleno de sangre. El Gobierno federal dice buscar la verdad, pero manoseo la investigación y ha endurecido su postura al no prolongar la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) más allá del 30 de abril. Argumentan que seis meses son más que suficientes para que presenten sus conclusiones, (cuando ellos llevan 19 meses sin convencer a nadie). En realidad las autoridades mexicanas son consientes que entre más acerque el 2018, aumentará el costo político. De nada sirvieron los reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se vio forzada dar por terminada la misión del GIEI, al no existir condiciones para continuar el trabajo del grupo de expertos. A esto se añade la presión de Europa que ha fijado su postura a través de Alemania, los europeos están condicionando una mayor participación económica en nuestro país a cambio de que se resuelva el caso.
En este contexto, resulta oportuna la indagatoria realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el documento señala que integrantes de la Policía Federal y policías municipales de Huitzuco de Figueroa, Guerrero, estarían involucrados en la desaparición de 15 a 20 estudiantes normalistas. Esto se desprende del testimonio de un testigo presencial de los hechos que goza de credibilidad al no pertenecer a ningún grupo del crimen organizado, ni tampoco a una corporación policiaca.
La Procuraduría General de la República (PGR) y el movimiento de padres de los estudiantes alcanzaron tres acuerdos: 1) Continuar la investigación aunque no esté el GIEI; 2) no revictimizar a los familiares; 3) que el grupo colegiado del tercer peritaje tenga un encuentro con los padres. De manera paralela la procuradora Arely Gómez ofreció una disculpa por no haber respetado la confidencialidad sobre el peritaje. A pesar de la buena voluntad del Gobierno federal los padres organizaron una protesta afuera de la Secretaria de Gobernación, se encadenaron 43 horas pidiendo que se realice un escrutinio internacional, al margen de las investigaciones en curso.
Recordemos que todo esto sucedió después de que el Gobierno federal manufacturó una campaña contra el abogado de los padres de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra que presentó una denuncia penal en la PGR contra quien resulte responsable de haber pinchado su celular. Él fue exhibido públicamente al darse a conocer grabaciones donde denigra a sus defendidos. La misma suerte corrieron los familiares de los normalistas, los grandes medios de comunicación sugirieron que ellos tienen una relación con el crimen organizado. Independientemente del origen de tal estrategia, no logró su meta, dividir al movimiento.
Ahora bien, la guerra contra el narcotráfico no parece tener fin, la semana pasada Michoacán, sufrió una oleada de violencia, tras varios operativos implementados por los cuerpos de seguridad del estado y la Federación contra los grupos del crimen organizado, estos respondieron incendiando vehículos en distintos puntos de la entidad. El gobernador Silvano Aureoles aseguró que fue una reacción de Los Viagras y que la situación se encontraba bajo control. El mandatario deberá dar resultados en lo inmediato, los michoacanos exigen vivir en paz, aunque eso resulte una utopía en este momento.