Muy graves los señalamientos que hizo ayer el magistrado José Luis Vargas en un comunicado que distribuyó para defender su honorabilidad ante las acusaciones que le hacen de enriquecimiento ilícito.
Dice que estas acusaciones las promueve un “grupo de ultraderecha” del que forman parte el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón y Roberto Gil, exsecretario particular de Felipe Calderón. Señala textual “la razón de la furia con la que Rodríguez Mondragón encabeza esfuerzos contra mi persona es que, en septiembre de este año, la Comisión de Administración le negó la realización de un seminario sobre América Latina en Heidelberg, Alemania. A ese seminario fueron invitadas personalidades VIP como Claudio X. González, Roberto Gil y consejeros del INE, como Benito Nacif”.
El evento, asegura, era para planear una estrategia desde diversas instituciones públicas, la academia, el poder económico de algunos, para desestabilizar al actual poder político en turno y afectar sus aspiraciones a posibles triunfos en las elecciones del 2021 y el 2024.
*Los que ya se veían con el churro en la mano en plena calle, como atestiguamos hace tiempo en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, se quedarán esperando.
Los senadores decidieron darse un “compás de reflexión” para debatir y votar, en su caso, las iniciativas que legalizan el consumo de mariguana.
“Hay que imprimirle un ritmo de análisis. Hay temas que no se contemplaron como las concesiones para siembra, cultivo, comercialización”, nos dijo el senador de Morena, Ricardo Monreal.
Le preguntamos si la decisión obedecía a la presión de la iglesia, el PAN, laboratorios, padres de familia que ven en la legalización de la cannabis un peligro para la salud de sus hijos.
Lo negó. “No, es un tema de sensatez, de mayor análisis. No debemos imprimir el ritmo. Vamos a decidirlo senadoras y senadores sin presiones”, repuso.
Hay razones de estado para poder aplazar una discusión tan importante para la vida pública del país. La Suprema Corte había puesto un plazo, que vence este jueves, para dictaminar la iniciativa. Hoy se le solicitó la ampliación, aseguró Monreal.
*Llegamos al colmo de la impunidad. Primero, la entrega de El Chapito al cártel de Sinaloa en una negociación “humanitaria” derivada de un operativo mal planeado y peor ejecutado.
Días después, la liberación de 27 de los 31 detenidos en el operativo realizado en una base de operaciones de la Unión Tepito donde se encontraron 42 cráneos, algunos de los cuales tenían el tiro de gracia.
Tenemos un juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien mostró “dientes de tiburón” con Rosario Robles por una licencia falsa que no era de ella, pero que se quedó chimuelo al liberar a narcomenudistas de la Unión Tepito. Probablemente dejó ir a asesinos. En la guarida de Óscar “N”, alias El lunares, presunto líder de la Unión Tepito, se encontraron también 40 mandíbulas, 31 huesos largos y un feto dentro de un frasco.
Pero el juez Padierna consideró que a los detenidos les fabricaron las pruebas. Calificó de “inverosímil y contradictorio” el informe que presentó la policía de la CDMX y aceptó el alegato de la defensa de que estaba plagado de “inconsistencias”.
*Pronto sabremos si la SCJN es autónoma o si ya está bajo control del Ejecutivo. El máximo tribunal admitió a trámite una controversia en contra de la Ley Bonilla.
El ministro Fernando Franco dio un plazo de 30 días hábiles para que el Congreso del estado entregue la documentación relativa a las reformas que aprobó, después de las elecciones, para que el gobernador electo extienda, de dos a cinco años, su mandato. Ayer mismo, cuatro excandidatos al gobierno de BC, Ignacio Anaya, Jaime Martínez Veloz, José Óscar Vega y Enrique Fregoso, entregaron en la Corte un documento en el que solicitan una medida cautelar: que el bando solmene que expida el Congreso del estado para dar a conocer la declaración de gobernador electo sea por dos y no por cinco años.
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