El Sistema Nacional Anticorrupción que se debate en esta semana en el Congreso de la Unión no tendrá impactos positivos si no se legisla sobre “la madre de toda la corrupción que es la política-electoral” que abarca a partidos políticos y candidatos financiados por el crimen organizado, afirmó Edgardo Buscaglia, investigador en temas de seguridad al sostener una plática con el Congreso del Estado y con empresarios.
Durante una reunión que duró menos de una hora, el especialista en materia de seguridad a nivel mundial, dijo que se debe de combatir la corrupción en aquellos candidatos que son financiados en sus campañas por el narcotráfico porque sería el primer paso para recuperar instituciones sólidas y en las que no se generarán compromisos con el crimen organizado.
Buscaglia afirmó que de no incluirse este tema en el SNA dentro de las leyes a aprobarse esta semana en el período extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados Federales, este sistema no tendría beneficios ni se podrá castigar a quienes son parte de la delincuencia como son candidatos que aceptan dinero ilícito y ayuda de quienes después cobrarán con recursos del erario.
Consideró que se deben de establecer mecanismos de protección para evitar que el dinero llegue a las campañas y se financie, de lo contrario, las instituciones de México seguirán en algunos casos a servicio de los delincuentes.
Buscaglia dijo que en México se debe de hacer una limpia de la clase política en la que al igual que en Italia se pudo castigar e imponer cárcel a políticos coludidos con el crimen. Apuntó que fueron más del 65 por ciento de legisladores en Italia castigados por asociarse con la mafia.
Además, explicó que también Colombia es uno de los países que ha hecho una limpia del 59 por ciento en políticos que permitieron el daño de criminales a la población al poner a su disposición instituciones del Estado.
Finalmente, el consultor de seguridad propuso a los diputados locales dar un acompañamiento en una iniciativa que se pueda presentar para proponer una ley de auditorias ciudadanas en la que se rindan cuentas de sus acciones y verificar que no tengan vínculos con integrantes del crimen.