Jucopo del Congreso prevé establecer los lineamientos sobre el manejo financiero de la ASM, sin tener facultad legal
Pese a no tener facultad legal para ello, la Junta de Coordinación Política del Congreso (Jucopo) prevé establecer los lineamientos para la operación del manejo financiero de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), esto a través de un acuerdo que se prevé sea sometido a consideración del Pleno.
Este jueves se citó a una reunión entre la Jucopo y el Comité de Administración y Control del Congreso, para abordar la situación que priva sobre la Auditoría luego de que en diciembre pasado la Cámara determinara suprimir la autonomía financiera de la ASM, con lo que Michoacán se convirtió en el primer estado de la República en retroceder en la consolidación de sus órganos fiscalizadores.
Salvo los diputados Juan Carlos Barragán de Morena, y Margarita López del PVEM, los integrantes del Comité determinaron no acudir al encuentro, por considerar que la Jucopo está asumiendo atribuciones que no le competen por ley, elaborando unos lineamientos para la Auditoría fuera de sus atribuciones.
La Comisión Inspectora que es la vía legalmente establecida relación entre la Auditoría y el Congreso, no fue convocada a la reunión entre la Jucopo y el Comité, no obstante, por la mañana sostuvo una reunión para analizar la situación.
Guillermina Ríos Torres, presidenta de la Comisión Inspectora informó que en la reunión de ésta se analizó el contenido de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional promovida por la Auditoría Superior luego de que el Congreso le retiró la autonomía financiera.
“Si bien la Corte desechó la controversia porque legalmente la Auditoría no es un órgano autónomo como tal para promoverla, sí reconoce que tiene autonomía financiera y para la gestión de sus recursos”.
La legisladora apuntó que el Congreso debe acatar lo señalado por la Suprema Corte, y que los lineamientos pretendidos por la Jucopo no sólo contravienen con lo establecido en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso en donde se establecen las facultades de la Comisión Inspectora como vínculo del Congreso con la Auditoría, sino también el propio mandato de la Corte.
“Esos lineamientos de la Junta están fuera del orden legal, y aunque lograran mayoría en el Pleno para aprobarla, hay que recordar que las decisiones del Pleno no están por encima de lo establecido por la Suprema Corte, por lo que serían totalmente recurribles”.
En cuanto a la presión que se empieza a ejercer para removerla de la presidencia de la Comisión Inspectora –postura que no ha encontrado oposición clara de su coordinador parlamentario, Jesús Hernández-, Guillermina Ríos consideró que este tipo de maniobras suelen darse cuando se carece de razones legales y se busca por la vía de fuerza imponer criterios fuera del marco legal.
En la intención de distribución de los espacios de la Auditoría Superior, ya existen perfiladas algunas líneas: para la coordinación parlamentaria del PRI sería la Dirección de Planeación y Fiscalización para tener control en las auditorías municipales; para Morena la Dirección Administrativa y la Dirección de Recursos Humanos a fin de tener el manejo de los recursos del organismo; la Dirección de Tecnologías se prevé vía tómbola entre los partidos chicos.
Víctor Manríquez González, coordinador parlamentario del PRD apuntó que el Congreso del Estado debe atender al mandato de la Corte en relación a la autonomía financiera y de gestión de la Auditoría, y apuntó que una determinación en sentido contrario derivará en una querella legal.
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Apuntó que extraoficialmente ha conocido de reuniones sostenidas por legisladores de otros grupos parlamentarios, en donde presuntamente se habría abordado el reparto de espacios en la Auditoría, pero refirió que no podría confirmarlo debido a que ni él ni su grupo parlamentario han participado en ellas.