Las pesquisas sobre la contratación irregular de un software en el Congreso con el que se buscaba llevar el manejo contable se encuentran sin avances
Sin avances se encuentran las pesquisas sobre la contratación irregular que se hizo de un software en el Congreso, con el que se buscaba llevar el manejo contable de la Cámara.
En el caso de la Fiscalía Anticorrupción del Estado, fue el 28 de abril de 2022 cuando se presentó la denuncia por los diputados Juan Carlos Barragán, Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro, con la intención de que se investigaran las irregularidades detectadas en la contratación que significaron un probable quebranto al erario público por 5.5 millones de pesos.
Pese a que el asunto generó un sisma al interior de la Cámara, entre diputados, que en su mayoría se dijeron indignados con el caso, sólo tres presentaron denuncia.
El asunto generó una bola de nieve que, al final derivó en la salida del diputado Fidel Calderón Torreblanca de la coordinación parlamentaria de Morena, tras verse involucrado en el escándalo.
La empresa E5 Software y el contrato firmado con su representante José Alfredo Aburto Gaytán, derivaría en la querella ante la Fiscalía por las presuntas irregularidades que se han venido detectando en el proceso, como el uso indebido de poderes entregados por la entonces presidenta del Congreso, Adriana Hernández Íñiguez a los funcionarios legislativos Jaime Virgilio Moreno Zavala y/o María Isabel Ceja Linares, quienes finalmente acabaron por salir de laborar de la Cámara.
El Congreso entregó a la empresa información confidencial, a partir de lo establecido en el contrato de la prestación de servicios. La empresa jamás puso en marcha el software, pero su accedió a los datos de información personal de los trabajadores de la Cámara.
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A mediados de junio de 2022, Juan Carlos Barragán promovió un amparo contra la Fiscalía General del Estado por la inacción en el proceso de investigación del caso, querella que no procedió.
Es así como el caso permanece sin establecer responsabilidades a los funcionarios y diputados que se habrían visto involucrados en él.