Morelia, Michoacan.- El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, consideró que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debe tomar las medidas correspondientes en torno al informe que presentó sobre el ejercicio de la cuenta pública 2015, en la que Michoacán se ubica como la segunda entidad con mayor numero de reportes de ” desvíos ” en cuanto a recursos públicos, sólo por debajo de Veracruz, en donde se registró un monto total de 165 mil millones de pesos generados por irregularidades administrativas.
Al respecto, el mandatario estatal opinó en torno al asunto, “qué bueno que la instancia responsable de vigilar y garantizar el correcto uso de los recursos públicos haga su trabajo, ya serán las demás instancias las que determinen su caso, lo que procede, pero está bien que el órgano superior de auditoria pueda, en este caso, con plena autonomía y todos los elementos, tome las medidas que correspondan y haga su trabajo, eso está bien”.
Con respecto a las denuncias penales interpuestas por la secretaria de la Contraloría de Michoacán, Silvia Estrada Esquivel, contra los exfuncionarios de las administraciones que operaron entre 2012 y 2015, acusados de peculado, desvíos de recursos y abuso de las atribuciones como servidores públicos, Aureoles Conejo expresó, “las medidas están en curso y ahora les toca a las demás instancias resolver lo que en derecho procede”.
Asimismo, detalló que de momento desconoce si han sido interpuestas más denuncias penales por las irregularidades mencionadas, pues la secretaria de la Contraloría del Estado anunció que en breve se emitirían más imputaciones ante las procuradurías General de la República (PGR), y de General de Justicia de Michoacán (PGJE), contra exfuncionarios de las dependencias enfocadas a las áreas de la salud y educación, entre otras.
“No tengo el dato o no tengo información de que haya alguna denuncia adicional o medida en los casos, pero estaré yo al pendiente por supuesto”, explicó en torno al asunto.
Finalmente, el mandatario estatal expresó, “hay que esperar que sean las instancias judiciales las que determinen”, ante la posibilidad de que los montos desviados por el orden de 3 mil 700 millones de pesos, sean reintegrados a las arcas financieras de la administración pública estatal.