Explorando las consecuencias legales para Claudia Sheinbaum de mantener el decreto de reforma judicial en el DOF
Ciudad de México.- El 16 de octubre, el juzgado 19 de distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, concedió una suspensión definitiva que exige a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y a Alejandro López González, director del Diario Oficial de la Federación (DOF), demostrar en 24 horas desde la notificación, la eliminación del DOF del decreto que implementa la reforma judicial.
De no cumplirse esta orden, la jueza Nancy Juárez del Distrito en Veracruz, tendría que informar al Ministerio Público sobre el incumplimiento y, en consecuencia, podría iniciar un proceso legal contra los funcionarios implicados, incluida la presidenta.
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“El artículo 107 constitucional es muy claro al respecto, así como el 252 de la Ley de Amparo, se incurre, y la autoridad incurriría en un delito de desacato a una resolución judicial y en ese sentido tendría que dar vista al Ministerio Público (federal), es decir, hacer la denuncia correspondiente y ya corresponderá al Ministerio Público federal continuar con el procedimiento legal”, comentó la jueza Juárez en una entrevista en Aristegui En Vivo.
La jueza Juárez señaló que aún no puede confirmar si las autoridades se encuentran notificadas con la resolución, pero una vez verificado, las partes implicadas tendrán 24 horas para acatar la suspensión.
Ella aclaró que su rol no influye en las decisiones del Ministerio Público respecto a la actualización del delito de desacato ni sobre la posible solicitud de una orden de aprehensión contra la presidenta o las autoridades que incumplan con la orden judicial.
Según el artículo 62, fracción tercera de la Ley de Amparo, el desacato a una orden judicial podría resultar en una pena de prisión de 3 a 9 años, multa e inhabilitación para ocupar cargos públicos durante ese período.
¿Podría Claudia Sheinbaum ir a la cárcel?
La jueza Nancy Juárez explicó que Sheinbaum tiene fuero, y para proceder legalmente contra ella, sería necesario un juicio de procedencia que debería aprobar el Congreso, donde el partido oficialista tiene mayoría.
“Antes de consignar la carpeta, el Ministerio Público de la federación tendría que lograr ese desafuero a través de las cámaras y pues ahí la mayoría está con el partido oficialista, entonces, pues lo veo complicado, sí, es complicado que el propio Congreso le quite el fuero; sin embargo, mi actuación debo reiterarte es únicamente hasta la vista al ministerio público”, afirmó.