Con el cierre de año en puerta, esta casa informativa buscó identificar los alcances, altibajos, tropiezos y logros que tuvo la administración independiente sobre el transcurso de 2016, un año que no resultó del todo productivo para el Ayuntamiento capitalino.
Obras importantes
Pasando de página a las obras municipales que destacaron en este 2016, al paso del mes de abril el Ayuntamiento de Morelia anunció que se invertirían 70 millones de pesos para emprender acciones de bacheo y reencarpetamiento en la capital del estado.
Ello, se explicó, fue una inversión sin precedentes, tomando en cuenta que en pasadas administraciones el monto ejecutado en el saneamiento vial de la capital michoacana no había pasado de los 15 millones de pesos.
De estos 70 millones de pesos, el Municipio destinó 60 millones de pesos en labores de reencarpetamiento; mientras que con los 10 millones de pesos restantes se ejecutaron acciones de bacheo sobre diferentes puntos de la ciudad.
Con todo y la importante inversión que se efectuó, el propio Alfonso Martínez reconoció que con estas acciones apenas se lograría resarcir un 35 por ciento del desgaste que presentan las vialidades de la capital, pues se expuso que las calles y avenidas que comprenden a la ciudad, presentarían un rezago de por lo menos 20 años.
Otra de las obras a destacar previo al cierre de año es la construcción del colector sanitario Camelinas-Morelos Sur sobre el Río Chiquito, con lo cual se pretende dar pie al saneamiento de este cuerpo de agua.
La inversión alcanzó de igual forma una bolsa considerable, ya que para el saneamiento del Río Chiquito se destinaron, de arranque, 10 millones 127 mil pesos provenientes del Fondo Metropolitano.
El proyecto de dos mil metros de longitud, abarcará el margen izquierdo del cuerpo de agua referido, y con él se prevé sanear el tramo que comprende de Camelinas a Morelos Sur, según se explicó el pasado 25 de mayo, fecha en que se dio arranque a la obra.
Pese a su relevancia, la obra permaneció prácticamente suspendida desde el mes de septiembre, debido a que el Ayuntamiento incumplió en presentar los informes que se tenían sobre la misma ante los gobiernos federal y estatal.
La suspensión se originó debido a que ante el incumplimiento en la presentación de los informes correspondientes, desde el pasado 17 de septiembre el Gobierno del Estado suspendió la fluidez de recursos sobre la obra, puesto que se desconocía el uso que se le dio a los primeros tres millones de pesos que se liberaron para la ejecución de la misma.
Tras tres meses de retraso en el proceso señalado, apenas el pasado 5 de diciembre el gobierno que comanda Alfonso Martínez Alcázar procedió a entregar las notificaciones correspondientes y, con ello, se dio luz verde a la liberación de recursos.
Al colector sanitario le sigue el Parque Lineal proyectado de igual manera sobre el Río Chiquito, un proyecto que se pensó con la finalidad de mejorar la imagen de un cuerpo de agua que durante años ha permanecido en el olvido de las autoridades.
Para ello, se liberó una bolsa de 60 millones de pesos, de los cuales 30 millones de pesos correrán a cargo del Municipio; mientras que el recurso restante fue aportado por los gobiernos estatal y municipal, con una inversión de 10 millones de pesos y 20 millones de pesos, respectivamente.
Dentro de la obra está contemplada la edificación de puentes peatonales acordes a las necesidades de la ciudadanía; además de que también se consideró el acondicionamiento de ciclovías en la zona.
Aun cuando con el proyecto se pretende mejorar la imagen del Río Chiquito, los avances de la obra han caminado a un ritmo semi lento, ante el desentendimiento mostrado por los gobiernos municipal, estatal y federal, para responder a la liberación del recurso ya comprometido.
Proyectos desechados y primeros tropiezos
Uno de los tropiezos que le causó al Ayuntamiento un alto costo político fueron las fotomultas, un novedoso esquema de tránsito con el que anualmente se pretendían recaudar al menos 140 millones de pesos.
Bajo la promesa de que con este modelo se reducirían hasta en un 50 por ciento los accidentes de tránsito en la ciudad, desde el pasado 23 de marzo Alfonso Martínez anuncio que como parte de un innovador programa de movilidad, las también denominadas foto infracciones serían implementadas en la capital.
Con encabezados como “Luz verde a fotomultas” y “Habrá fotomultas en Morelia”, los diarios de mayor circulación en la capital comenzaron a posicionar ante la opinión pública un proyecto que en otras urbes ya había fracasado o por lo menos se encontraba al borde de ello.
“No se está inventando un nuevo impuesto, únicamente es como si contratáramos más policías, pero como no es posible hacerlo… entonces te apoyas con más tecnología”, refirió Alfonso Martínez en una declaración que se emitió justamente el 23 de marzo, y que se fue replicando conforme proseguía con sus intenciones de implementar este novedoso esquema en la ciudad.
Sus argumentos se centraron siempre en resaltar que con la adecuación de este sistema, las muertes consumadas al volante se reducirían de manera considerable; sin embargo, las declaraciones del munícipe fueron perdiendo fuerza cuando desde el cabildo moreliano comenzó a surgir oposición en torno al tema.
La oposición hacía el proyecto tomó más fuerza cuando el sector transportista se sumó a la exigencia de tumbar el proyecto, pues ante las irregularidades que presentan los trabajadores del volante al circular por la capital, evidentemente vieron en las fotomultas una amenaza para su operatividad.
Fueron ocho meses los que el Ayuntamiento se llevó solicitando ante el Congreso del Estado que el proyecto fuera considerado en el Reglamento de Tránsito Municipal; no obstante, la barrera encontrada desde el Legislativo y la negativa que se originó en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), provocó que Alfonso Martínez Alcázar confirmara la cancelación del proyecto el pasado 29 de noviembre.
Otro proyecto parado
Dentro de los proyectos que por alguna u otra razón no han podido caminar en la administración municipal, se encuentra la privatización del Alumbrado Público, con lo que se pretenden reemplazar las 68 mil 460 luminarias que existen en la ciudad por equipos LED.
Conforme avanza el tiempo, el municipio se ha enfocado en argumentar que se está trabajando en los lineamientos legales para garantizar el óptimo funcionamiento de la luminaria que pretende renovarse; aunque lo único cierto es que el proyecto ha cumplido ya nueve meses parado.
En medio de estos retrasos, el secretario de Servicios Públicos, José Luis Gil Vázquez declaró el pasado 24 de septiembre que actualmente al menos 12 mil luminarias tendrían que ser renovadas tras haber concluido su tiempo de vida.
En medio de la incertidumbre que existe al respecto, el Municipio argumenta que con el cambio de la luminaria a equipos LED, el ahorro de energía sería de por lo menos un 60 por ciento.
Lo que no se dice en el municipio es que el proyecto referido generaría un costo para la ciudadanía de 700 millones de pesos que se cubrirían al paso de diez años a través del impuesto denominado Derecho de Alumbrado Público (DAP), de acuerdo con las especificaciones que se expusieron desde el pasado 22 de marzo, fecha en que el presidente, Alfonso Martínez Alcázar anunció la posible adecuación de dicho esquema.
Peligra Ayuntamiento por subejercicio
Sobre la recta final del presente ejercicio fiscal, otro tema que no puede pasar desapercibido es el posible subejercicio que enfrentaría el Municipio, al no haber podido ejecutar en obra un recurso de 774 millones 988 mil 589 pesos, correspondiente al Programa Anual de Inversión (PAI).
Las especulaciones en torno al tema son muchas, pues mientras el secretario de Administración Municipal, Yankel Benítez Silva asegura que el recurso que no ha sido ejercido asciende a 120 millones de pesos, desde el cabildo moreliano se expone que el pendiente en obra oscilaría entre los 300 y 400 millones de pesos.
El tema a preocupar es que ni los propios regidores del Ayuntamiento conocen cuál es el monto preciso que no se ha ejecutado en obra pública, lo cual pone en evidencia la falta de comunicación que existe entre el cuerpo colegiado y el gabinete de Alfonso Martínez.
Bajo este tenor, de manera emergente el Municipio pretende que el cabildo moreliano apruebe que el 70 por ciento de las obras pendientes se ejecute mediante adjudicaciones directas, es decir, sin un proceso licitatorio de por medio.
Esto, de acuerdo con el regidor emanado del Partido Acción Nacional (PAN), Benjamín Farfán Reyes, podría generar un escenario propicio para repartir licitaciones de manera irregular, tomando en cuenta los reducidos tiempos que existirían para seleccionar a las constructoras que responderán por las obras pendientes.
En caso de que no se concrete un acuerdo favorable para el Ayuntamiento, los recursos que no se logren ejercer antes del 31 de diciembre deberán regresarse a la Federación, pese a que desde hace unos meses el secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina presumió ante la prensa que no existirían riesgos de subejercicio en la presente administración.
Así, el Ayuntamiento a cargo de Alfonso Martínez Alcázar cierra un año cargado de tropiezos, logros a medias en seguridad e ineficiencia en cuanto a la ejecución de obra pública; un escenario que se torna aún más complejo para 2017, considerando que para el año entrante existirán importantes recortes presupuestales ya avalados desde la Federación.