Morelia, Michoacán.- El secretario de Gobierno, Adrián López Solís, no descartó que existan casos de alcaldes amenazados por la delincuencia organizada, que despachen fuera de sus presidencias municipales y ejemplificó con el caso del edil de Aguililla, Israel Mendoza Mendoza.
En declaraciones anteriores, el secretario de Gobierno admitió que ediles de Tierra Caliente y el Oriente de Michoacán, han sido hostigados por el crimen organizado. A ello, el secretario de Seguridad Pública (SS), Juan Bernardo Corona Martínez detalló que son 8 los presidentes municipales que han denunciado el acoso, en tanto que el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), Carlos Paredes Correa, detalló que al menos 4 de esos munícipes, no despachan en su ayuntamiento, sin precisar de cuáles se trata.
Al respecto, López Solís expresó en torno al caso, “quizá por razón de la vinculación por la función de la tarea que le corresponde al responsable del Cedemun tenga esa información. Hay casos en los que, por las coyunturas de inseguridad, como el de Aguililla, tendría que estar tomando algunas medidas, pero su responsabilidad la cumple acudiendo determinados días a despachar y sesionar en Cabildo. Sé que se llevó a cabo su informe sin contratiempos y estamos vigilantes de que no haya dificultades en torno a la seguridad como también convencidos de que los alcaldes están muy conscientes de su tarea y tienen que cumplir con ella”.
Cuestionado sobre el motivo por el cuál la alcaldesa de Turticato, María Gisela Vázquez Alanís despacha desde Morelia, el encargado de la política interna de la entidad explicó que es un asunto que ella debe aclarar.
“Es un tema personal que le atañe a la propia presidenta municipal aclarar. El tema del domicilio a veces por cuestiones de gestión los presidentes municipales deben acudir con mucha frecuencia y durante varios días a la semana, a la ciudad de Morelia para hacer gestiones. Hay casos en donde aquí tienen un lugar donde pernoctar, pero entiendo que ella tenía su domicilio acá. El municipio, en función de la autonomía que le corresponde, a través de su Cabildo es quién debe revisar si los servidores públicos o representantes populares están cumpliendo con las funciones que les confió la ciudadanía”, detalló.
No obstante, rechazó que el gobierno posea informes de ediles que tiene sus domicilios fuera de la demarcación que gobiernan, pues dijo, “no tenemos casos registrados, porque no es un tema que oficialmente se deba comunicar al gobierno el domicilio donde radican, en el supuesto de que los alcaldes deben de estar residiendo en el lugar donde despachan; no hay tampoco ningún impedimento para que, insisto, en determinados días de la semana, puedan estar acá haciendo gestión”.
El pasado 14 de agosto, el esposo de la alcaldesa de Turicato fue imputado de cometer el homicidio de Jorge G., hijo de una regidora suplente del PRD en aquel municipio, a quien acusa de amenazar y atentar desde finales de su campaña por la presidencia municipal de dicha demarcación.
El procurador General de Justicia de Michoacán (PGJE), José Martín Godoy Castro, detalló que la víctima iba acompañada de su esposa embarazada y otro familiar, en busca de una casa a rentar en Altozano, en Morelia, y rechazó que estuviera armado, por lo que aclaró que el caso sería investigado a profundidad.
Sobre los avances de la investigación, López Solís explicó, “la Procuraduría de Justicia ya integró la carpeta de investigación, la puso a disposición del órgano jurisdiccional para que se determine lo correspondiente”.