La oposición acusó al presidente brasileño Michel Temer de haber usado dinero público para que en la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) 40 diputados votaran contra 25 de la oposición. Después de la victoria los oficialistas recomendaron archivar la denuncia de corrupción contra el Presidente, que es señalado de haber recibido un soborno de 500,000 reales (150,000 dólares) de JBS, la mayor procesadora de carne del mundo, a través de un asesor al que la policía fotografió recibiendo una maleta con ese dinero antes de detenerlo. La Fiscalía afirmó que ese monto estaba destinado al mandatario brasileño, quien lo ha negado categóricamente.
La acusación podría costarle el cargo al Presidente y la última palabra la tendrán los 513 diputados; la discusión en el pleno aún no tiene fecha definida. El gobierno busca acelerar los plazos y votar lo más pronto posible, aunque podría realizarse hasta el próximo 2 de agosto.
A pesar del mal clima, Temer se ha mostrado confiado en tener una mayoría en el Congreso suficiente para archivar el caso, porque para avanzar hasta la Corte Suprema necesitará de una mayoría especial de dos tercios de los escaños (342 diputados).
Si bien es cierto que el Presidente podría llegar a sobrevivir a la votación en el plenario de la Cámara, también lo es que jamás lograría salir victorioso, en el caso de que la Fiscalía presente una denuncia contra él por obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Entonces, Temer tendría que ser procesado; quedaría suspendido temporalmente y el titular de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, del Partido Demócratas (DEM), y con apenas 46 años, sería el Presidente de Brasil. Maia podría ser el tercer mandatario en tres años, ya que Dilma Rousseff fue apartada el año pasado.
Siguiendo esta hipótesis, si el caso del Presidente llegara a la Suprema Corte, serían los 11 jueces de esa instancia quienes dieran continuidad al proceso. Temer sería suspendido por hasta 180 días. En caso de que fuera declarado culpable, perdería su cargo y el Congreso debería elegir a su sucesor 30 días después. De lo contrario, retomaría su Presidencia.
En este contexto, el panorama político brasileño se ha enredado aún más, con la situación jurídica del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue sentenciado por corrupción a la cárcel nueve años y medio. Ahora tendrá que recurrir a una segunda sentencia, si quiere arañar una posibilidad de presentarse, como desea, a las elecciones generales del año que viene.
El ícono de la izquierda brasileña se ha declarado víctima de un complot; incluso Lula acusó a Estados Unidos de desestabilizar a Brasil al promover las manifestaciones de 2013, que terminaron sacando del poder al PT y en el juicio político contra la ex presidenta Dilma Rousseff.
Lo cierto es que con la sentencia contra Lula da Silva, Brasil se dividió prácticamente en dos, hubo muestras de apoyo y de repudio al que fue Presidente en los años dorado del país, entre 2002 y 2010.
Brasil está cosechando tempestades porque sembró vientos.