Experitos valuadores certificados, denuncian prácticas de saqueo y desvío de recursos en el Nacional Monte de Piedad
Morelia, Michoacán.- Peritos valuadores certificados del Nacional Monte de Piedad abren la cloaca que hay en la institución al señalar saqueos de materiales finos como el de las alhajas que ahí se empeñan.
En conferencia de prensa para dar a conocer el despido “injustificado” de 390 peritos que, hasta el pasado 13 de junio laboraron en la institución, Joel Elizalde Cortés con 35 de antigüedad; Marco Antonio Aldama Flores, con 23 años de antigüedad; Ivan Cortés Terrazas, 23 años; Margarito Romero Sánchez; Dania Vanessa Cedillo Herrera, con 22 años de antigüedad; Juan Carlos Franco Galicia; José Luis Enríquez Landaverde, con 38 años de antigüedad; y Josué Alcalá Lopez, con 14 años de antigüedad, aseguraron que la actual administración a cargo de Javier de la Calle, ejerce prácticas ajenas a la operación prendaria, como la adquisición de la Financiera Monte con un déficit de 500 millones de pesos.
Hay dentro del Monte de Piedad préstamos personales sin garantía, desvío de recursos y gastos onerosos con la renta de edificios que se pagan en dólares, precisaron.
Aunado a ello expusieron que existe una mala administración con el sistema operativo por el que se asignan el préstamo e interés al usuario, dándoles calificaciones a los clientes como si estos fueran malos o buenos.
Además existe un “saquedo de metales preciosos y el gran desfalco que se lleva a cabo el día a día, pues tanto alhajas de metales finos (oro, platino, paladio y plata) relojes finos y alta gama fueron fundidos a granel, sin tomar en cuenta que llevaban piedras preciosas que se fueron a la venta en costales por un precio inferior, como si fueran materiales no de calidad y piedras preciosas.”
Los inconformes aseguran que las observaciones las expusieron en diversas ocasiones, además de la confrontación con la dirigencia actual pero, ya que la institución no se somete a auditorías, la Junta de Gobierno hace lo que a ella conviene, como el otorgarse salarios onerosos hasta por 500 mil pesos, dejando pasar las prácticas que están al margen de la ley.