Explorando los riesgos para la salud en la producción de semiconductores
La expansión de fábricas de semiconductores en Estados Unidos, estimulada por una inversión del gobierno de Joe Biden, busca fortalecer la manufactura local de chips, no obstante, este desarrollo plantea inquietudes sobre posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.
Con la construcción de nuevas plantas en diversos estados, emergen dudas sobre la efectividad de las evaluaciones ambientales y el manejo de químicos tóxicos en la producción.
Defensores de los derechos laborales argumentan que las evaluaciones ambientales actuales son insuficientes y critican la falta de claridad respecto a las sustancias tóxicas que los empleados podrían manejar. Una alianza de sindicatos y organizaciones ecologistas, incluyendo el Sierra Club, ha expresado al Departamento de Comercio que los proyectos en Arizona e Idaho no satisfacen los estándares necesarios.
Estos grupos subrayan la ausencia de medidas de seguridad adecuadas y la gestión de desechos peligrosos, como los químicos ambientales. Aunque no pretenden detener el progreso de las plantas, buscan prevenir los errores del pasado, cuando las primeras fábricas de semiconductores en el país dejaron zonas contaminadas que todavía se están remediando.
“No nos oponemos a la existencia de estas plantas. Sabemos que tendrán que utilizar sustancias peligrosas. Nuestro mayor problema es la falta de transparencia”, declaró Lenny Siegel, director ejecutivo del Centro de Supervisión Ambiental Pública (CPEO).
Fábricas de Semiconductores con Riesgos a la Salud
La ley CHIPS y Ciencia, aprobada en 2022, asignó 52 millones 700 mil dólares para impulsar la fabricación de chips, con el objetivo de crear una cadena de suministro nacional para aplicaciones desde vehículos hasta inteligencia artificial.
No obstante, la aceptación de fondos federales por parte de una empresa la hace sujeta a regulaciones ambientales adicionales. La ley nacional de Política Ambiental (NEPA) exige que las agencias federales realicen evaluaciones ambientales y compartan los hallazgos con el público.
Si se identifican riesgos significativos, se debe elaborar una declaración de impacto ambiental más exhaustiva y permitir mayor participación ciudadana.
Recientemente, el Departamento de Comercio publicó borradores de evaluaciones ambientales para tres proyectos específicos: los planes de Micron en Boise, Idaho, y las instalaciones de Intel y TSMC en Arizona.
Aunque estos documentos indican que los impactos ambientales serían menores con la aplicación de “mejores prácticas de gestión”, la realidad de los químicos utilizados en la producción de semiconductores sigue siendo una amenaza para la salud.
A pesar de los avances en la reducción de sustancias peligrosas, los toxicólogos alertan que cambios en la composición química podrían superar las capacidades actuales de detección de peligros.
Judith Barish, directora de CHIPS Communities United, enfatizó la importancia de que los trabajadores tengan voz en las instalaciones y puedan pausar la producción si perciben condiciones peligrosas.
La preocupación por los compuestos químicos permanentes, como los PFAS, que son difíciles de destruir, también está aumentando, generando dudas sobre cómo las nuevas instalaciones manejarán estos residuos.