La ingobernabilidad en México se manifiesta en una pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones. Así quedó plasmado en Oxchuc, Chiapas, el 10 de noviembre, el ex alcalde Juan Encinos Gómez fue vejado por los incondicionales de la alcaldesa María Gloria Sánchez Gómez que no ha podido regresar a su cargo a pesar del fallo a su favor de parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitido el primero de septiembre pasado.
La respuesta no tardó en llegar, los que se sintieron ofendidos con tal acto quemaron ocho casas, retuvieron a 28 simpatizantes de la edil, incluso bloquearon la carretera de San Cristóbal de las Casas a Ocosingo. Dos días después agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) capturaron al ex alcalde de ese municipio Norberto Sántiz López quien es esposo de Sánchez Gómez.
De manera simultánea en Catemaco, Veracruz, integrantes de la Organización del Gobierno Autónomo de los Pueblos Indios realizaron una protesta ante la inseguridad que padecen, la cual alcanzó su clímax con la desaparición del sacerdote José Luis Sánchez Ruiz el 11 de noviembre. Los inconformes incendiaron el palacio municipal y pidieron la renuncia del presidente municipal Jorge Alberto González Azamar quien también vio como quemaban su domicilio particular. Los motivos de ambas revueltas fueron distintos pero coinciden en que hay una inconformidad de los gobernados hacia sus gobernantes. Estas situaciones no son cuestiones aisladas y continuarán presentándose con mayor fuerza.
A esto debe añadirse que en varias entidades la inestabilidad parece reproducirse: En Tierra Caliente, Michoacán los distintos cárteles criminales disputan el control de las rutas ante la mirada atónita de las autoridades; en el Estado de México han aparecido justicieros anónimos que abaten a los delincuentes quienes asolan el transporte público; en Puebla los linchamientos son asumidos como algo natural, los pobladores justifican su actuación ante la ineficacia de los encargados del orden.
En este contexto resultan preocupantes las amenazas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, él ha prometido que deportará entre dos y tres millones de ilegales mexicanos con antecedentes criminales, la mayoría de ellos tienen multas de tránsito. México ya desplegó una estrategia que intenta frenar el pánico que todos sienten. Sin embargo, siendo realistas no podrán hacer nada ante las expulsiones masivas. ¿Qué pasará con estos connacionales que retornarán a nuestro territorio? ¿Cuáles serán los planes de contingencia? Probablemente se agudizará la ingobernabilidad por una sencilla razón, no habrá modo de responder a las necesidades que generarán las exigencias de más fuentes de trabajo, el enojo social aumentará y podría reflejarse en la caída del PRI en el 2018. Sin duda, lo peligroso sería que el crimen organizado absorbiera a está mano de obra, si esto sucediera la violencia cobraría dimensiones desconocidas.
Bajo el manto del pesimismo, debemos establecer lo siguiente: La guerra del Estado mexicano contra el crimen organizado que el próximo 11 de diciembre cumplirá una década podría extenderse ocho años más. En este lapso de tiempo no puede descartarse la posibilidad que alguno de estos grupos criminales evolucione y agregue a su agenda de actividades la lucha social con el objetivo de tirar al mal Gobierno Federal. Quizá somos testigos de un momento pre revolucionario donde los ciudadanos todavía no son conscientes de lo cerca que están de poder gobernarse. Sólo el tiempo nos dirá si esto es cierto.
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