De los 734 millones 204 mil 156 pesos con que operará el Ayuntamiento en su Presupuesto de Egresos, se reservaron tres millones de pesos para dar respuesta al posible pago de los laudos laborales que heredó la administración que encabeza Alfonso Martínez Alcázar.
Se trata de un total de 14 laudos laborales que enfrenta la presente administración, pero que se heredaron del periodo 2012-2014, según explicó en entrevista el secretario de Administración Municipal, Yankel Benítez Silva.
“El tema de laudos se queda pendiente generalmente en las administraciones públicas municipales, es una constante nosotros recibimos una serie de laudos ya muy avanzados que hemos estado atendido puntualmente; para este año nosotros tenemos contemplado en la partida correspondiente aproximadamente tres millones de pesos, lo que no quiere decir que sean necesarios, porque en muchos de los casos estamos llegando a la conciliación con los trabajadores”.
La carga en cuanto a los laudos que recayeron sobre el Ayuntamiento se han ido aminorando, pues mientras la presente administración heredó 20 desde que Alfonso Martínez rindió protesta como edil de Morelia, a la fecha se registran tan sólo 14.
El resto, según compartió Yankel Benítez, se desahogó a través de vías conciliatorias y bajo una inversión de 1.2 millones de pesos, lo cual quiere decir que no se registraron pagos adicionales a los comprometidos con cada trabajador que procedió legalmente en contra del Ayuntamiento.
Aun cuando el Ayuntamiento se preparó reservando tres millones de pesos en su presupuesto de egresos, el funcionario municipal dijo sentirse confiado de que el desahogo de los laudos se podrá dar mediante procesos de conciliación que no resulten perjudiciales para el gobierno de línea independiente.
Un punto a destacar en este tema es que de acuerdo con el titular del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), Carlos Paredes Correa, entre los 113 municipios que comprenden a la entidad se registran pendientes en laudos de hasta 350 millones de pesos, por lo que esta situación jurídica, dijo, se ha convertido en el “talón de Aquiles” de los Ayuntamientos.