Ciudad de México.-La senadora Angélica de la Peña Gómez recalcó que, a una década de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, no hay pretexto para que la política pública y las acciones gubernamentales consideren la legislación internacional, leyes federales y generales, y tampoco para que alguna entidad federativa se abstenga de cumplir la inclusión plena y considere como sujetos de derecho a las personas en esta condición.
En el Foro “A diez años de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la senadora del PRD precisó que México es otro país a partir de su compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humano dijo que una de las primeras reformas que se impulsó en el Senado, fue la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de ampliar la definición de discriminación y regular la de tipo directa e indirecta y formal y sustantiva, extender el ámbito protector de la ley y el de acción de Conapred, garantizar la implementación de políticas públicas y el respeto al derecho a la igualdad y no discriminación.
El representante en México de la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aseguró que una década después de la entrada en vigor en México y el mundo, la Convención ha sido exitosa.
La parte innovadora del instrumento, agregó, es la no discriminación, el acceso a la justicia, la libertad y seguridad, protección contra la tortura y tratos crueles, el derecho a vivir de forma independiente y a la educación y el empleo.
Destacó que la Convención es un documento moderno, que no ha tenido el efecto transformador a nivel global, porque las autoridades no han entendido las implicaciones del cambio cultural que se necesita, ya que siguen tratando la discapacidad como un problema que se resuelve dando dinero a prestadores de servicios y no de derechos humanos.
Erasmo Lara Cabrera, director general de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que los objetivos de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sustentable, hablan de una comunidad internacional que se mueve hacia la inclusión, y del papel de las personas con discapacidad y la promoción de sus derechos, por lo que se plantean desafíos y oportunidades en términos de una implementación nacional efectiva.
Precisó que la Convención ha tenido una ratificación acelerada, firmada por 187 de los 193 estados parte de la Organización de las Naciones Unidas, lo que demuestra el compromiso de las partes por trabajar en favor de los derechos humanos de las personas con discapacidad, a través de la implementación de políticas públicas efectivas.
El presidente y fundador de la asociación civil Libre Acceso, Federico Fleischmann Loredo, señaló que se logró un avance, y al mismo tiempo emitió una “voz de alarma” para reconocer que el cambio no ha sido suficiente, ya que las personas con discapacidad viven en un entorno inaccesible, no solo desde la perspectiva arquitectónica y urbana, sino también desde lo social y cultural.
A diez años de la ratificación, se podría correr el riesgo de que la Convención se convierta en un documento con objetivos y propuestas bien intencionados, por lo que se debe aprovechar esta oportunidad para fortalecer y cristalizar propuestas; y llamó a gobernantes, legisladores, empresarios, educadores, sociedad civil y a las personas con discapacidad, a responder a quienes han sido excluidos del quehacer social y eliminar la exclusión.
Mercedes Juan López, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, (Conadis), recordó que en el marco de la celebración de la entrada en vigor de la Convención, el Presidente de la República, Enrique Peña, reconoció la labor de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil en favor de los derechos de las personas con discapacidad.
En México, agregó, hay 7.1 millones de personas con discapacidad, lo que representa grandes retos para la implementación plena de sus derechos.
La presidenta del Conapred, Alexandra Haas Paciuc, comentó que las personas con discapacidad son ciudadanas y ciudadanos que gozan de pleno derecho para participar en la construcción de la política pública para acortar las brechas de desigualdad existentes.
Dijo que preocupa la ausencia de protocolos de protección civil en la materia, la falta de capacidad de respuesta institucional para atenderlas y acompañarlas en situaciones “particularmente difíciles” para las personas discriminadas, y resaltó la importancia de transmitir en lenguaje de señas durante los momentos de desastres naturales.
Bárbara Anderson, fundadora de Comunicación para la Inclusión, A.C subrayó que el tema de la discriminación debe estar presente en la agenda de los futuros gobernantes. Puntualizó que anualmente se otorgan presupuestos a secretarías e institutos a fin de fortalecer programas para las personas con discapacidad.
