La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamenta profundamente los hechos de violencia sucedidos en Monterrey, Nuevo León, y reprueba la difusión de imágenes de los menores de edad afectados en los mismos, por vulnerar la dignidad de esas personas y exponerlas a ser posibles víctimas de hechos de difícil o imposible reparación, además de que con ello se viola lo dispuesto al respecto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Del mismo modo, señala que las autoridades de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de garantizar la protección de la identidad e intimidad de niñez y adolescencia que sean víctimas, ofendidos, testigos o que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un delito, para evitar su identificación pública. Esa misma protección la deberán otorgar a adolescentes a quienes se atribuya la realización o participación en un hecho delictivo, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia.
Con pleno respeto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la CNDH llama a la sociedad, medios de comunicación y autoridades, a promover la observancia de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes, y evitar que se afecten o se propicie la afectación a los mismos, mediante conductas tales como la difusión por redes sociales, o por cualquier otro medio, de pormenores gráficos o en video de tales acontecimientos.
En este contexto, hace un llamado a las policías cibernéticas a fortalecer la atención a todo tipo de amenazas y mensajes que aparezcan públicamente en redes sociales y de las cuales se pudiera inferir la posible constitución de delito, ya que en este caso, de acuerdo algunas versiones, estos lamentables hechos se habrían anunciado y, en consecuencia, se podrían haber prevenido.
Esta Comisión Nacional permanecerá atenta la evolución de los acontecimientos de hoy y reitera la necesidad de que la investigación se realice de manera pronta, integral, objetiva y conforme a derecho, procurando en todo momento la protección de los derechos que asisten a los niños que se vieron involucrados en los mismos, formulando un llamado para que cualquier medida de carácter preventivo que se pretenda adoptar, se establezca con la participación de los padres o tutores, de las autoridades escolares y de las propias niñas y niños que pudieran resultar afectados.