El asunto fue aprobado por unanimidad por el Congreso del Estado, con 33 votos a favor de los diputados que estuvieron en la sesión que concluyó iniciado este viernes.
Morelia, Michoacán.- Michoacán dio luz verde para avalar las reformas constitucionales en materia de salario mínimo, con lo que se convirtió en la entidad número 18 en hacerlo, ello a partir del listado difundido por la prensa nacional sobre los otros estados que lo han hecho.
El asunto fue aprobado por unanimidad por el Congreso del Estado, con 33 votos a favor de los diputados que estuvieron en la sesión que concluyó iniciado este viernes.
Durante la sesión, al hacer uso de la palabra el petista Hugo Rangel habló de importancia de hacer que los salarios mínimos crezcan cuando menos el monto de la inflación para que se mantenga el poder adquisitivo.
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A su vez el panista José Antonio Salas Valencia refirió que el salario mínimo tiene que ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un núcleo o familiar por mandato constitucional, pero acotó que esto no ha sido una realidad para todos y aludió a la informalidad laboral la cual, se estima seguirá creciendo de manera acelerada “con la incertidumbre de la reforma judicial que debilita a nuestro estado de derecho”.
No obstante señaló que la reforma sobre salario mínimo, tiene un mensaje de reconocimiento reconocido al trabajo de los maestros, guardias nacionales, policías, soldados, marinos y al personal de enfermería y médico.
“Esperaría que abarcara otros sectores que también se lo merecen y no entiendo por qué fueron excluidos, pues todos los trabajadores al servicio del estado tienen una importante tarea y aportación al servicio público y la dignidad que se señala como elemento sustancial del salario no debería volverse un privilegio para unos cuantos”.
Propuso agregar un artículo transitorio para reconocer también en el dictamen a los trabajadores del Congreso del Estado y que haya realidad en la Cámara sobre la reforma por aprobar.
La diputada Belinda Hurtado de la Representación Parlamentaria se sumaría a la propuesta del panista, y desde su curul refirió que tal planteamiento se había venido trabajando desde la Legislatura anterior, “podemos venir a hablar muy bonito aquí, pero hay que demostrarlo con hechos, existe el proyecto que se trabajó y existe el recurso para que se ejecute ya”.
El presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña pasaría de largo sobre la propuesta de Antonio Salas por lo que éste le requirió someter su propuesta a votación, ante lo que el primero tajante señaló que el dictamen por ser reforma constitucional debía votarse sólo a favor o en contra, y que después si quería presentara una iniciativa al respecto.
Magaña de la Mora procedió a dar la palabra a la siguiente oradora, Grecia Mercado de Movimiento Ciudadano, para que fijara su posición en tribuna.
La legisladora habló de la reforma como un acto de justicia social, “no podemos seguir permitiendo que los trabajadores reciban un salario que los obligue a elegir entre la alimentación o la educación para sus hijos”.
Después hizo uso de la palabra la priista Adriana Campos Huirache quien apuntó que el buen juez por su casa empieza, por lo que manifestó su suma a la propuesta planteada por Antonio Salas.
“Se vuelve indispensable incluir al modelo que aquí estamos aprobando, a otros empleados del sector salud, como radiólogos, laboratoristas, camilleros, choferes, encargados de desechos médicos y bactereológicos, así como a los empleados de apoyo al sistema educativo como conserjes, trabajadores vocacionales, orientadores y secretarias”.
En torno a la propuesta de Antonio Salas, el morenista Juan Pablo Celis apuntó que en el dictamen de una reforma constitucional federal no se podía incorporar el planteamiento de Antonio Salas, y señaló que como presidente del Comité de Administración y Control pidió paciencia, “va llegando la 4T al Congreso y vamos a hacer justicia a los trabajadores del Poder Legislativo”.
A su vez el petista Reyes Galindo, señaló que en el presupuesto del próximo año para el Congreso ya se tiene previsto un incremento para los secretarios técnicos y jefes de departamento del Congreso en función del trabajo que realizan.