Descubre cómo la reforma propuesta afectará a 7 órganos autónomos en México.
Con una votación de 22 a favor, 17 en contra y ninguna abstención, la Cámara de Diputados aprobó este viernes la propuesta de reforma que elimina 7 órganos autónomos.
Esta medida es parte de las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 5 de febrero.
Se planea que las siguientes entidades sean disueltas y sus responsabilidades reasignadas a las correspondientes secretarías de estado:
Órganos Autónomos
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) El Instituto Federal de Telecomunicaciones, encargado de regular las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, verá sus funciones integradas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) Este crucial organismo, encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, transferirá sus tareas a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos de control de los poderes Legislativo y Judicial. Además, el INE se encargará de la transparencia de los partidos políticos.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) CONEVAL, organismo con autonomía técnica para evaluar la política social y medir la pobreza en México, cederá sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Comisión Reguladora de Energía (CRE) La CRE, que regula el sector energético, incluidos electricidad e hidrocarburos, será absorbida por la Secretaría de Energía.
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) La CNH, responsable de regular la exploración y extracción de hidrocarburos, también será integrada a la Secretaría de Energía, centralizando la gestión del sector.
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) Las tareas de MEJOREDU, dedicada a evaluar y mejorar la educación en México, pasarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que podría afectar la independencia en la evaluación de políticas educativas.
El gobierno de AMLO argumenta que con estas eliminaciones se reducirán gastos ‘innecesarios’, citando que entre 2018 y 2024 se destinaron más de 32 mil millones de pesos a estos organismos.
Los defensores de la reforma sostienen que estos recursos podrían emplearse mejor en programas sociales, como las pensiones para adultos mayores.