La reforma legislativa busca garantizar los derechos humanos y laborales de los policías en México.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora, manifestó el apoyo del PRI a una modificación en la Ley de Seguridad Pública, que asegura que los organismos de seguridad pública deben proteger los derechos humanos y laborales de los policías.
Estos derechos incluyen un trato respetuoso, salario equitativo, herramientas de trabajo adecuadas, oportunidades de formación, incentivos para la excelencia en sus funciones y asistencia médica en caso de ser necesaria por el desempeño de sus deberes.
Desde el podio del Senado, Anaya Mota subrayó la importancia de destinar fondos adecuados para concretar estas buenas intenciones, señalando que ‘efectivamente, en donde hay obligaciones para nuestros cuerpos policiales civiles, también debe haber derechos, desafortunadamente, en esta ley solo se plasman esas buenas intenciones de derechos, pero es a través de la Ley de Coordinación Fiscal específicamente a través del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública es como se nutre de recursos presupuestales a estados y municipios para que todas las disposiciones que el día de hoy se están aprobando a favor puedan hacerse cumplir, puedan hacerse valer’.
La senadora advirtió que sin asignación presupuestaria adecuada, los derechos recién otorgados a la policía quedarían a merced de la discreción fiscal de cada municipio y estado.
Además, destacó la necesidad de incrementar la fuerza policial civil en México, citando las recomendaciones de la ONU y señalando que 29 entidades federativas están por debajo del estándar sugerido.
Anaya Mota concluyó que las prestaciones aprobadas son fundamentales para atraer a más individuos a la fuerza policial, pero sin un enlace directo con el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, estas medidas serían solo buenas intenciones.
Finalmente, expresó su preocupación de que, a pesar del voto a favor, la ley podría no implementarse adecuadamente, lo que perpetuaría la tendencia hacia la militarización sin las condiciones presupuestales necesarias para el desarrollo de la paz a través de la policía civil.