Claudia Sheinbaum discute la constitucionalidad de la reforma judicial en México.
Ciudad de México.-Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, expresó su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar la revisión de la constitucionalidad de la reforma judicial a través de las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados federales.
La mandataria argumentó que la aprobación de la reforma se realizó cumpliendo todos los requisitos y procedimientos constitucionales necesarios.
Describiendo la situación como ‘más un golpe aguado que un golpe de estado’, Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial no está en peligro, ya que fue respaldada por la ciudadanía. En relación con las críticas, comentó:
“pretenden con esto, primero, que nosotros digamos juicio político, traición. No lo vamos a hacer, es mi opinión porque quieren demostrar que somos un gobierno autoritario, no lo somos. La presidenta fue electa por el pueblo de México, los diputados, diputadas, senadores”.
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Sheinbaum reafirmó la naturaleza democrática de su gobierno y la legitimidad de la reforma, respaldada por una mayoría calificada en el Congreso y publicada oficialmente. Añadió que no se dejarán provocar por aquellos que buscan mantener sus privilegios a través del rechazo a la reforma.
Durante una presentación, se subrayaron los fundamentos legales de la reforma, destacando el apoyo de la coalición gubernamental en ambas cámaras del Congreso. Asimismo, recordó que desde su campaña, mediante consultas populares en mítines, el pueblo mexicano expresó la necesidad de reformar el Poder Judicial, incluyendo la elección popular de jueces y magistrados.
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Finalmente, aunque la SCJN aún no ha emitido un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la reforma, la mayoría de los ministros reconocieron que tienen la facultad de resolver controversias legales que afectan la autonomía e independencia del Poder Judicial.
Sin embargo, tres ministras votaron en contra, con Yasmín Esquivel advirtiendo que revisar la reforma podría ser el inicio de un ‘golpe de Estado constitucional de derecho’ contra las decisiones del Poder Legislativo.