Ministra Norma Piña lanza contrapropuesta a iniciativa de AMLO
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Norma Piña, presidenta de la SCJN presenta una contrapropuesta para la reforma judicial en México.

Ciudad de México.-La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, ha presentado una contrapropuesta a la reforma judicial este domingo, la cual ya se está debatiendo en el Senado de la República. Esta nueva propuesta incluye la elección de jueces mediante voto popular.

Norma Piña comunicó a través de redes sociales que ha lanzado dos propuestas en materia de justicia; una refleja la perspectiva de la Judicatura y la otra incorpora las opiniones de legisladores, entidades de la sociedad civil, académicos, estudiantes y víctimas de violencia.

La propuesta surge de un amplio proceso de consulta y diálogo con participantes de los sistemas de seguridad y justicia a nivel federal y local, así como con legisladores y representantes de la sociedad civil, académicos y víctimas.

El plan destaca la importancia de desmilitarizar la seguridad, fortalecer la justicia penal, mejorar el acceso a la justicia y los derechos humanos, y abordar la desigualdad en el acceso a la justicia. También propone la creación de una Ley General de Defensorías Públicas, entre otros puntos.

“Este es un proceso reflexivo y autocrítico que ha surgido desde la Judicatura”, explicó Piña, enfatizando que la propuesta busca enriquecer el debate sobre la reforma judicial con las experiencias de quienes están directamente involucrados en impartir justicia.

Piña aprovechó para hacer un llamado a los legisladores y autoridades del sistema de justicia a considerar estos cambios. También instó a escuchar a las víctimas y a quienes defienden los derechos humanos, así como a los organismos de justicia internacional y a los jóvenes que demandan un futuro mejor.

Enfatizó que la solución no es la demolición del Poder Judicial, sino tomar acciones concretas y valientes para lograr cambios significativos que contribuyan a la paz y justicia que México necesita.

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Mientras tanto, el Senado mexicano ha comenzado a debatir la propuesta en un contexto de protestas y preocupaciones expresadas por diversos sectores, incluidas organizaciones internacionales y empresariales, sobre los posibles impactos en la inversión y el cumplimiento de tratados comerciales.