La reciente reforma judicial en México busca transformar el sistema de justicia, introduciendo la elección popular de juzgadores.
Ciudad de México.-La Cámara de Diputados en México ha dado luz verde a una propuesta de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, destinada a regularizar el procedimiento de selección de jueces y la creación de nuevas entidades como parte de una controvertida reforma judicial recientemente aprobada.
Propuesta inicialmente por Sheinbaum el 7 de octubre, la reforma atravesó ambas cámaras legislativas, beneficiándose de la mayoría que posee Morena en estas.
Con un resultado de 336 votos a favor y 123 en contra, la Cámara Baja procesó la iniciativa que ya había sido aprobada por la Cámara Alta.
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Antes del 16 de octubre, el Senado deberá convocar a elecciones extraordinarias previstas para mediados de 2025 para seleccionar a los administradores de justicia.
Previamente, en septiembre, se había aprobado una amplia modificación al sistema de justicia que, entre otras medidas, incluye la elección de jueces mediante voto popular.
El 1 de junio del año entrante se celebrarán elecciones para reemplazar a todos los ministros de la Suprema Corte, que se reducirá de 11 a 9 miembros, así como a integrantes del Tribunal de Disciplina, vacantes en la Sala Superior, todas las salas regionales del Tribunal Electoral y la mitad de los magistrados y jueces de distrito del país. Para 2027, se elegirán los cargos restantes.
Tanto el gobierno como Morena argumentan que es imprescindible una reforma al sistema de justicia pues “no está al servicio del pueblo” y “responde a intereses de la delincuencia organizada”.
“Esta minuta trata de dar el poder a la ciudadanía para que sean quienes decidan las personas que formarán parte del Poder Judicial de nuestro país, estableciendo la elección popular de ministros, magistrados y jueces para que cuenten con la legitimidad a través del voto popular”, explicó Hugo Flores, del Partido Encuentro Solidario (PES).
Sin embargo, los detractores opinan que la reforma no impacta a fiscalías, policías ni a los ministerios públicos, a quienes ven como principales responsables de la alta impunidad y corrupción en México.
La reforma también ha suscitado preocupación entre inversores y socios comerciales de México, quienes temen que debilite el equilibrio de poderes y perjudique el ambiente de negocios en el país.
“Esto no es una reforma de justicia, es una venganza, eso es lo que es, se está echando a la basura cosas muy útiles en el Poder Judicial, se está tirando la experiencia de mucha gente, y esto es una cosa pésima para la Nación”, comentó Rubén Moreira, del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“Pero también está muy mal hecho, hay una gran cantidad de errores en la elaboración de estas iniciativas”, añadió, mencionando que hay artículos similares, que no se asegura el voto en el extranjero y que se retiran las acciones afirmativas para que, por ejemplo, haya jueces indígenas.
A principios de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se declaró competente para evaluar si la reforma judicial impulsada por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes.