Aplazan análisis de la reforma para devolver el mando de la Guardia Nacional a la Sedena.
La reunión programada para este jueves por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que tenía como objetivo analizar y posiblemente aprobar la reforma para transferencia del mando de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha sido aplazada. Ahora se espera que tenga lugar el próximo jueves.
El presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena), mediante un comunicado, explicó que la postergación, hasta el 22 de agosto a las 11 horas en el Salón Legisladores de San Lázaro, se debe a ‘razones de agenda extraordinaria y espacio’.
Reforma de la Guardia Nacional
La propuesta que estaba prevista para discutirse sugiere que desde 2007, ‘el crimen organizado ha generado profundas afectaciones en la vida económica, política y social del país’.
Los delincuentes están involucrados en actividades como el tráfico de drogas, secuestro, extorsión, y otros crímenes que afectan severamente a la sociedad.
El documento también recuerda que el 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lanzó una ‘guerra contra el narcotráfico’, usando a las Fuerzas Armadas en un esfuerzo por combatir el crimen organizado, una estrategia que, según el documento, ‘se desarrolló sin respeto alguno a los derechos humanos y sin considerar a las víctimas, a las que la administración de Calderón calificó como daños colaterales’.
A diferencia de esta política, el texto del proyecto de dictamen que se analizará destaca que ‘la actual administración ha instaurado una nueva Política de Seguridad Pública basada en el respeto de los derechos humanos, en la construcción de la paz y en la seguridad pública con fuerzas policiales altamente profesionales y capacitadas, las cuales sólo pudieron obtenerse de personal con origen militar para conformar la GN’.
Finalmente, el documento enfatiza que la GN, bajo la administración de la Sedena, no actuará como un ejército en estado de guerra, sino que ‘se regirá por normas y principios de seguridad pública’, respetando siempre los derechos humanos y actuando dentro del marco legal. Esto justifica las modificaciones en 12 artículos de la Constitución, argumentando que la GN necesita estructuras operativas adecuadas para proteger eficazmente a la población.