Aprobación de la reforma constitucional sobre programas de bienestar avanza en México
Claudia Sheinbaum, presidenta de la República/ Foto. Internet

La reforma constitucional en México que busca consolidar programas de bienestar como derechos permanentes, avanza en la Cámara de Diputados.

Ciudad de México.-Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, anunció que la reforma constitucional para institucionalizar varios programas de bienestar social ha sido aprobada en la Cámara de Diputados de México.

Presentada el 5 de febrero, esta reforma forma parte de un conjunto de 20 iniciativas que buscan establecer los programas sociales como derechos constitucionales en México.

Montiel afirmó que este progreso “permite seguir avanzando en la construcción de estos derechos” y ayuda a prevenir manipulaciones electorales futuras.

Cambios que impulsa la reforma constitucional sobre programas de bienestar

La reforma propone modificar el artículo 4° de la Constitución para introducir la pensión universal para personas con discapacidad, implementada en colaboración con los estados.

Hasta ahora, 23 estados han firmado acuerdos para garantizar esta universalidad, enfocándose en menores de 18 años para promover su rehabilitación y autonomía.

Montiel también resaltó la armonización de la pensión universal para los adultos mayores, que anteriormente se concedía a partir de los 65 años y ahora se formaliza en la Constitución.

Las personas con discapacidad podrán recibir esta pensión hasta alcanzar los 65 años, momento en el que podrán optar por la pensión para adultos mayores.

Además, la reforma asegura un ajuste anual de estas pensiones para que aumenten al menos según la inflación.

En el artículo 27, se establece el programa “Sembrando Vida” como un derecho permanente para los campesinos, promoviendo la plantación de árboles frutales y maderables. También garantiza acceso anual gratuito a fertilizantes para pequeños agricultores y establece precios de garantía para productos esenciales como el maíz, el frijol y la leche.

La propuesta ahora seguirá al Senado y, si se aprueba, necesitará la ratificación de al menos 17 congresos locales.

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Aunque la reforma fue apoyada en general por todos los partidos, el PAN se opuso en algunos puntos específicos.