La AMESP exige el reconocimiento formal para los guardias de seguridad en la legislación laboral de México
Ciudad de México.- Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), solicita el reconocimiento formal de los guardias de seguridad en la legislación laboral mexicana.
Bernal Gómez, en declaraciones a ‘Aristegui Noticias’, mencionó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no cuenta con una categoría específica para los guardias de seguridad, al registrarles bajo el término de ‘vigilantes’. Esta nomenclatura, según él, ‘no refleja adecuadamente’ la capacitación y funciones que desempeñan estos profesionales.
“Nosotros estamos pugnando en el Seguro Social para que se reconozca la figura de guardia de seguridad, no de vigilante, porque son dos cosas totalmente diferentes”, afirmó.
Bernal Gómez enfatizó que esta distinción es crucial por al alto nivel de capacitación que requieren los guardias de seguridad privada, quienes juegan un rol esencial en áreas críticas como aeropuertos y cajeros automáticos.
Durante la pandemia de Covid-19, estos trabajadores fueron fundamentales, operando como parte de las líneas esenciales.
“Si no estábamos en la primera línea, estábamos en la segunda o tercera, porque cuidábamos el buen funcionamiento de hospitales, centros comerciales y otros espacios”, declaró Bernal.
Además, destacó la relevancia de las recientes modificaciones a la Ley de Trata de Personas, en particular en lo que respecta a las jornadas laborales, con sanciones para quienes excedan las 48 horas semanales o 9 horas extra.
“Lo que esta ley hace es penalizar la Ley Fuera del Trabajo”, señaló, y mencionó que su sector participa en mesas de diálogo para asegurar el cumplimiento de estas normativas.
Bernal también comentó sobre los retos que enfrentan las empresas de seguridad con estas regulaciones, que podrían aumentar los costos operativos hasta en 35%.
“Estamos negociando con el gobierno y cámaras empresariales para que esto se cumpla paulatinamente”, explicó, añadiendo que una implementación inmediata sería casi imposible sin afectar significativamente los costos y, por ende, el precio de los servicios de seguridad.