Morelia, Michoacán.- Las ex secretarias de Educación del Estado, Aida Sagrero Hernández y Graciela Carmina Andrade García Peláez, fueron inhabilitadas por tres años por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), debido a irregularidades en la entrega de 86 millones de pesos a la asociación “Más por Michoacán” que coordina el dirigente estatal del PT, Reginaldo Sandoval Flores, y a través de la cual, gestiona recursos para la operatividad de los 12 Centros de Desarrollo Infantil (Cendi). Sin embargo, ambas ex funcionarias aún poseen derecho a ampararse o llevar la sanción hasta las cortes internacionales, detalló el titular del órgano fiscalizador, José Luis López Salgado.
Desde noviembre del año pasado, se reveló que ambas ex funcionarias que encabezaron el sector educativo durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel, fueron inhabilitadas por la auditoría de Michoacán, debido a las irregularidades en la entrega de los recursos a la asociación que lidera la esposa del dirigente estatal del PT y en la que él participa a través de la coordinación estatal para los Cendi.
Aunque el pasado 13 de julio, Graciela Andrade fue informada por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem) que no existía ningún proceso de inhabilitación en su contra, este día, el auditor Superior de Michoacán confirmó que ambas ex servidoras han sido inhabilitadas por tres años, y en un caso, el resolutivo causo firmeza.
“Sin duda, hay recursos en curso, pero la resolución que una de ellas, no me recuerdo si ya causo firmeza, fueron inhabilitadas (…) Por tres años (…) Las auditorías se hacen sobre muestras selectivas de un escenario de 24 mil millones como es la Secretaría de Educación, esa parte de la inhabilitación la encontramos solo en 86 millones de pesos de dos ejercicios, 2008 y 2009, que son los que se le otorgaron a la asociación “Más por Michoacán”, dijo.
No obstante, el auditor reconoció que ambas ex funcionarias aún pueden acudir al amparo o incluso a las cortes internacionales, a fin de revertir el resolutivo de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
“Están en la ruta de defenderse, es decir, ellas todavía pueden recurrir todavía inclusive no solo al recurso de amparo, en muchos casos, ya ven que ahora con el tema de las cortes internacionales pues se pueden ir hasta allá”, explicó.
Aclaró que, en el caso de Graciela Andrade, quien ocupa el cargo de delegada en Michoacán del partido político Morena, corresponderá a los institutos electorales o políticos, determinar si puede ejercer el cargo o aspirar a una candidatura, o no.
“Cada quien sabe sus responsabilidades, yo no sé si el instituto electoral requerirá información de cada uno de los candidatos, entonces ya es una responsabilidad de la autoridad electoral y por supuesto, de los propios partidos políticos”, señaló.
Detalló que el ideal del proceso de fiscalización de obras y ejercicios presupuestales, deben ser al inicio de las mismas y en tiempo real, y no al cierre del ejercicio y un año después.
“Las etapas procesales de auditoría son bajo ejercicios concluidos, y se hacen un año después de cerrado el ejercicio, lo ideal sería hacer auditorías en tiempo real, en el momento en que arrancan las obras”, concluyó.