Nuestro régimen constitucional acoge a la democracia como el régimen de gobierno mediante el cual el ejercicio del poder público dimana y reside esencial y originariamente en el pueblo. De conformidad con el artículo 3º constitucional, la democracia no solamente es una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
El ejercicio de este régimen de gobierno se presenta en dos vertientes claramente diferenciadas: la democracia representativa y la democracia directa o participativa. Para Flavio Galván, en la democracia directa son todas las mujeres y todos los hombres, con derecho a ello, quienes participan de manera inmediata y personal en el gobierno de la comunidad; en cambio, en la democracia representativa, la intervención de los ciudadanos en el gobierno del Estado, es por conducto de sus mandatarios electos de manera directa o indirecta, en procedimientos comiciales periódicos, libres y auténticos, mediante el voto libre, secreto o abierto, universal, igual, personal e intransferible.
La democracia directa se manifiesta como un conjunto de procedimientos de carácter constitucional o legal, mediante los cuales la ciudadanía participa de forma continua en las decisiones del Estado y la gestión pública.
En esta vertiente, se inscribe la figura de revocación de mandato que, en términos simples, se trata del procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él o ella como resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función.
En los países que cuentan con esta figura, se aplica a funcionarios que ocupan cargos en las ramas ejecutiva y/o legislativa en los diferentes órdenes de gobierno. Suele confundirse con la figura de juicio político ya que también tiene como finalidad separar a la autoridad electa, pero ésta es por iniciativa y decisión de alguna rama de los poderes públicos, como el Poder Legislativo o Judicial, y requiere una justificación legal referida a la comisión de algún tipo de delito por parte de la persona que detenta el cargo público.
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La figura de revocación de mandato existe en México desde el 20 de diciembre de 2019, fecha en la que se publicó una importante reforma a varios artículos de la carta magna. Esta reforma constitucional define a la revocación de mandato presidencial como un derecho de la ciudadanía y contempla también la aplicación de este procedimiento en las entidades federativas. Lo concibe además como un “instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de la confianza” (DOF, 2019).