Iniciativa presidencial busca reforma al Poder Judicial en México y eliminar pensiones de ministros
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha delineado una propuesta de reforma radical para el sistema judicial del país. Esta propuesta será presentada ante la Cámara de Diputados en breve.
La iniciativa, a la que se tuvo acceso, sugiere que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no gozarán más del privilegio del haber de retiro, y que los magistrados electorales no podrán ser considerados para formar parte del máximo tribunal del país.
El haber de retiro, que actualmente es una pensión vitalicia igual al salario de los ministros en funciones, sufriría un cese total. Además, la reforma establece un término para el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que se prevé la destitución de los actuales 11 ministros y la disolución del Consejo de la Judicatura Federal. Para el 1 de octubre de 2025, se propone que los magistrados actuales de la Sala Superior y las Salas Regionales del Tribunal Electoral sean removidos de sus puestos.
La iniciativa presidencial también contempla reducir el número de ministros de 11 a 9 y acortar su periodo en el cargo de 15 a 12 años, con la adición de sanciones si estos demoran más de medio año en resolver casos fiscales.
Los futuros jueces y magistrados, según la propuesta, serían seleccionados mediante votación popular, en un proceso liderado por el Senado.
PLANTEAN NUEVA CORTE EN 2025 Y MENOS MINISTROS
Con el objetivo de establecer una nueva SCJN y reducir el número de ministros, el Presidente busca una reestructuración profunda del Poder Judicial. La propuesta incluye la prohibición de suspender normas generales en casos de controversia y acciones de inconstitucionalidad.
La reforma judicial en México también aboga por la elección directa de los ministros por la ciudadanía, en lugar de ser nombrados por el Senado, y que sus salarios sean equivalentes al del Presidente de la República. Además, se busca que los candidatos a ministros y magistrados sean reconocidos por su integridad y trayectoria en el ámbito legal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) sería el encargado de organizar las elecciones y el Senado, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se encargaría de validar los resultados.
La propuesta también menciona la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un órgano administrativo para reemplazar al Consejo de la Judicatura Federal.