Morelia, Michoacán.- Considerando el elevado número de quejas que tanto la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justica de Michoacán contabilizan en cuanto a violación de Derechos Humanos se refiere; el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) buscará encrudecer sanciones contra todo funcionario público que incida en actos de abuso de autoridad.
De acuerdo con cifras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en lo que va del año en curso dicha instancia ha recibido un total de 950 quejas, de las cuales la SSP y la Procuraduría General de Justica de Michoacán suman 196 y 134, respectivamente.
Es por ello que la bancada del sol azteca en el Congreso de Michoacán presentará una iniciativa que contempla el encrudecer sanciones en contra de cualquier elemento policial que incida en irregularidades administrativas como detenciones ilegales, abusos de autoridad y la aplicación indebida de la fuerza pública.
“En el Estado de Michoacán, existe una ausencia de instrumentos específicos que regulen y dirijan la actividad de los funcionarios públicos a quienes se les ha dado la encomienda de brindar seguridad, puesto que además, en la mayoría de los casos desconocen éstos sus alcances en sus atribuciones, sus derechos en situaciones de riesgo, sus garantías al desarrollar sus funciones policiales, y el parámetro en el cual su proceder puede incurrir en un exceso”, rezan parte de los argumentos plasmados en la iniciativa presentada por el diputado emanado del PRD, Juan Figueroa Gómez.
Fue a través de conferencia de prensa como se dio a conocer dicha iniciativa, la cual, de acuerdo con el coordinador de la bancada perredista, Manuel López Meléndez, se pensó a sabiendas de que existen importantes deficiencias al ejercer el uso de la Fuerza Pública en Michoacán.
Ante la presencia de comunicadores locales, el mandamás del Grupo Parlamentario del PRD resaltó que además de imponer sanciones administrativas y económicas sobre los funcionarios que incidan en actos de abuso de autoridad, se buscará la inhabilitación de quienes se valgan de la “justicia”, para atentar en contra de los Derechos Humanos de la ciudadanía.
Las sanciones, explicó, se generarán tanto sobre el elemento que actúe de manera irregular como en contra de los altos mandos que coordinen cualquier tipo de operativo policial desde dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública.
De conseguir la aprobación de la iniciativa, en los transitorios de la misma se explica que “el titular del Ejecutivo del Estado (Silvano Aureoles Conejo) deberá expedir el reglamento de esta Ley, en un plazo que no exceda de ciento ochenta días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia”.
A su vez, “los Ayuntamientos de la entidad cuentan con un plazo de ciento ochenta días hábiles contados a partir del inicio de su vigencia, para que emitan los manuales correspondientes a sus policías preventivas”.
En un argumento final, López Meléndez se dijo consciente de la falta de interés que existe en las instancias de seguridad en torno a garantizar el respeto a los Derechos Humanos al ejercer sus respectivas funciones, ante lo cual resaltó la necesidad de diseñar un marco legal que inhiba cualquier tipo de abuso de autoridad en Michoacán.