Morelia, Michoacán.- Más y mejores empleos, finanzas sanas, un México incluyente y desarrollo garantizado, son parte de las siete demandas que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), propuso a los cuatro candidatos presidenciables, al exigirles que sus promesas de campaña sean claras, posibles y realizables.
Fue a través de un manifiesto que la Coparmex a nivel nacional y retomado por la delegación Michoacán que está al frente de Lydia Nava Vázquez, al señalar que el proceso electoral es un momento en el que los candidatos se deben comprometer con la ciudadanía.
“No conservar resabios, ni mucho menos regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad, y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido al país muy por debajo de su potencial”, señala el documento emitido.
Ahí, la Coparmex también invita a la población a participar en la próxima jornada electoral que se vivirá el 01 de julio, al destacar que la política no pertenece solo a los partidos o actores políticos, sino que los ciudadanos tienen la obligación de atender esta responsabilidad cívica para construir un México mejor.
A continuación, las propuestas que hace Coparmex:
1.- Más y mejores empleos: Aquí el organismo propone una nueva cultura salarial de tal manera que se esté alineado hasta la zona de bienestar que propone Coneval, esto se lograría de forma gradual desde 2018 y hasta 2020. También incluye la implementación de incentivos a la capacitación, una reforma que permita crear esquemas modernos y flexibles que fomenten el primer empleo y la equidad de género al momento de la contratación.
2.- Finanzas sanas y competitividad fiscal: En este apartado la Coparmex propone conformar un consejo fiscal indepediente pero adscrito al Congreso de la Unión, que vigile la sostenibilidad fiscal y formule recomendaciones en materia de ingreso, gasto y deuda pública. La implementación de una nueva reforma fiscal que promueva el crecimiento económica y la instalación de una política de deuda y gasto públicos con controles para prevenir la asignación discrecional de recursos.
3.- Seguridad: En el tema de la seguridad Coparmex señala una reingeniería institucional que fortalezca, en lo nacional y en lo local, los mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones implicadas en la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia, los procesos judiciales, la ejecución de penas y la reinserción social. Así como la creación de una academia de policía de carácter nacional donde se centralicen los procesos de profesionalización y capacitación así como exámenes de control y confianza de los elementos de seguridad.
4.- Estado de derecho, combate a la corrupción y la impunidad: Para la Coparmex, la corrupción es uno de las grandes enfermedades de México, por ello, propone asegurar la independencia y coordinación de las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales Anticorrupción, mediante procesos abiertos, transparentes y con rendición de cuentas. Así como un compromiso “inequívoco” de investigar, promover y sancionar el uso o aprobación ilegítima de recursos públicos.
5.- Educación de calidad e innovación: Dado que la educación es una forma de garantizar el desarrollo de México, la Confederación señala que esta se debe aplicar desde la primera infancia con capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales para los docentes. Y propone también impulsar la excelencia de la educación media superior y superior.
6.- Desarrollo regional sostenible: En este apartado, señala que se debe establecer una estrategia integral de inversión pública en infraestructura que considere las necesidades de corto y largo plazo; el impulso de acuerdos que generen ecosistemas regionales competitivos y sustentables y la cooperación multisectorial en el diseño y ejecución de proyectos estratégicos para cada región del país.
7.- Oportunidades para un México incluyente: Se basa en la integración de un catálogo integral de programas sociales, un padrón único de beneficiarios y una “cédula de identificación nacional” para erradicar las redundancias, discrecionalidad e improvisación. La implementación de un expediente clínico electrónico que permita la portabilidad del usuario en los diferentes sistemas de seguridad social y de salud. Y el transitar a un modelo de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado.