El proceso no debe estar impactado por la confusión ocurrida la víspera en el Legislativo –con órdenes contradictorias de los líderes de la Cámara Baja y el Senado-, y el inicio de la votación sobre el juicio político a Rousseff iniciará mañana a las 09:00 (13:00 GMT).
El proceso de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, siguió su curso, y el plenario del Senado debe votar mañana si inicia el “impeachment” contra la mandataria, que quedaría apartada del poder por 180 días.
El proceso no debe estar impactado por la confusión ocurrida la víspera en el Legislativo –con órdenes contradictorias de los líderes de la Cámara Baja y el Senado-, y el inicio de la votación sobre el juicio político a Rousseff iniciará mañana a las 09:00 (13:00 GMT).
El presidente interino de la Cámara Baja, Waldir Maranhao, quien asumió el poder la semana pasada, provocó la víspera un terremoto político al anular la sesión de votación plenaria del 17 de abril, en que el proceso de juicio político recibió el respaldo de 367 de los 513 diputados.
El líder del Senado, Renan Calheiros, desacató este lunes en la tarde la orden y decidió seguir adelante con el proceso en la Cámara Alta, donde se encuentra actualmente.
Durante la noche, Maranhao revocó su propia decisión firmada horas antes que anulaba el proceso, por lo que el ‘impeachment’ puede avanzar ahora sin incompatibilidades entre las dos Cámaras brasileñas.
Las encuestas señalan que Rousseff será apartada temporalmente del poder en la votación de mañana, cuando más de la mitad de los 81 senadores deben votar a favor de iniciar el juicio político a la mandataria.
El vicepresidente de Brasil, Michel Temer, quien lleva semanas negociando su equipo de gobierno, asumirá la presidencia mientras Rousseff es juzgada en el Senado por un presunto “crimen de responsabilidad” en el manejo de las cuentas públicas de 2014 y 2015.
La oposición acusa a Rousseff de usar artimañas contables por medio de créditos de instituciones públicas para cuadrar las cuentas de 2014 y 2015, pero el gobierno de la presidenta niega irregularidades.