En el Congreso del Estado se prevé simular este miércoles la despenalización del aborto en Michoacán, mediante una reforma al Código Penal del Estado que seguirá penalizando a las mujeres que determinen por voluntad la irrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.
El dictamen elaborado en sigilo por la Comisión de Justicia y aprobado el pasado lunes, excluye dos iniciativas promovidas en la materia, una de las colectivas que integran el proyecto ILEMich, y otra presentada por la legisladora Fanny Arreola Pichardo el año pasado.
La Comisión de Justicia sólo entró a la revisión de tres iniciativas para la elaboración de su dictamen, una presentada por los diputados Juan Carlos Barragán Vélez y Julieta García Zepeda de Morena, el otro por el petista Baltazar Gaona García, y uno más de la priista Adriana Hernández Íñiguez.
La reforma que se prevé aprobar, establecerá pena de trabajo comunitario de entre seis a un año de duración a las mujeres que aborten, además de obligárseles a ir a terapia.
Al artículo 142 del Código Penal se incorporará a la letra el siguiente párrafo: “A quien voluntariamente provoque su aborto, se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad e ingresar a un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica”.
El dictamen contiene una contradicción, ya que por un lado incorpora la pena de seis a un año de trabajo comunitario a las mujeres que aborten, y por otro, en el artículo 146 se incluye como excluyente de penalidad, cuando éste se realice dentro de las primeras 12 semanas de gestación, lo que dejará a criterio de jueces establecer o no la responsabilidad legal de una mujer por abortar.
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El asunto será abordado en sesión extraordinaria, una vez que concluya la ordinaria citada a las nueve de la mañana de este miércoles.
En dicha sesión se prevé votar además el dictamen para incorporar la objeción de conciencia dentro de la Ley de Salud del Estado, de manera que no exista responsabilidad legal para los médicos que se nieguen a practicar un aborto en los casos permitidos por Ley.
Grupos Provida y colectivas Feministas, han hecho sendas convocatorias para acudir mañana a Palacio Legislativo, sin que hasta el momento exista información oficial si la presidencia de la Mesa Directiva solicitará apoyo policiaco para resguardar el inmueble.