El INEGI se opone a la reducción salarial y acude ante la SCJN
Ciudad de México.-Una demanda de controversia constitucional fue presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) en cuanto a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y a la disminución de recursos de 2019 .
A través de un documento, el organismo indicó que ha cumplido cabalmente las funciones conferidas por mandato constitucional, ha ejercido el presupuesto que se le asigna cada año atendiendo a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público.
De igual forma expone los motivos de su demanda, que son: “El establecimiento de un techo global de gasto insuficiente para el programa de generación estadística y geográfica, así como la reducción del monto total de su presupuesto en el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone dicha reducción. Ello impide a este Instituto ejercer a cabalidad sus funciones y claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica sometiéndolo a la necesidad de acotar, cancelar o postergar diversos proyectos de información estadística y geográfica como ya se ha informado.
La aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 127 constitucional y la aprobación de los tabuladores para el personal del INEGI en el Presupuesto de Egresos 2019,porque adolecende definiciones que brinden certidumbre sobre cómo deben determinarse las remuneraciones delos servidores públicos del INEGI, en su calidad deórgano constitucional autónomo con alta especialización técnica”, (Sic).
El INEGI, manifestó que su demanda también tiene como propósito salvaguardar la autonomía del organismo, por eso busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de las facultades otorgadas y derivadas de su autonomía presupuestal, razón por la cual se llegó a la decisión de promover ante la SCJN la demanda, con el fin de que ese Máximo Tribunal garante de la Constitución delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, con relación a la autonomía de este Instituto.