¿Por qué la cadena de supermercados “Soriana” pretendía cobrar 211.9 mdp al Gobierno del Estado de Michoacán?
Morelia, Michoacán.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, anuncio que el gobierno de Michoacán ganó un juicio contra la empresa Soriana por un monto de 211.9 millones de pesos, pero a raíz de que situación la cadena de supermercado quería cobrar esa cantidad.
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Fue en los años 2012 y 2013 cuando se realizó una supuesta entrega de despensas a elementos de la Policía Federal, pero fue en el 2017 cuando el entonces secretario de finanzas firmó un convenio con Soriana en el que reconoció el adeudo con dicha empresa.
En ese mismo año del 2017, Soriana demandó a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESOH) y al DIF Michoacán, por el pago de facturas correspondientes a contratos de compraventa por la dotación de las despensas para policías federales.
Sin embargo, tras la primera y segunda instancia, fue determinado por un juez que la empresa no acreditó la entrega de dichas despensas, por ello, la compañía había presentado un amparo para volver a demandar a la administración estatal.
La empresa a través de sus representantes legales en ese 2017, acudió ante la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), encabezada en ese entonces por Carlos Maldonado, para acordar el reconocimiento del adeudo por 211 millones, como también que se estableciera un pago de 30 millones de pesos mientras que el resto sería liquidado de manera trimestral por 50 millones hasta cubrir la deuda.
Sin embargo en conferencia de prensa encabezada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el consejero Jurídico del Ejecutivo de Michoacán, César Augusto Ocegueda Robledo, señaló que el funcionario de aquel entonces no tenía facultades legales para hacerlo, ya que las contrataciones las realizaron directamente las dependencias.
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Además, Ocegueda Robledo informó, que luego de varios años se dió una resolución definitiva a favor del gobierno estatal, con la que se evita un pago de 211.9 millones de pesos a Soriana.
“Este juicio se ganó derivado de que no había elementos suficientes para constatar la supuesta entrega de las despensas a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y al DIF Estatal. Estas dependencias tampoco contaban con programas para atender las necesidades alimentarias de los policías federales, por lo que se estaba cometiendo una irregularidad en el modelo de contratación”, indicó.