Por omisiones desde la administración de Lázaro Cárdenas Batel y la de Leonel Godoy Rangel, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), pagó 9 millones 315 mil pesos a propietarios del ejido de Naranjo de Los Itzícuaros, pues los anteriores mandatarios estatales no aseguraron con la fe pública de un notario, que los terrenos donde se construyó la presa Francisco J. Mújica, fueran donados.
En entrevista, el titular del Ceac, Germán Tena Fernández comentó, “si hubo una omisión, eso ya lo valoraremos en algún momento con la Contraloría si hay que hacer algo o no. Fue una desidia de los Naranjo de los Itzícuaros, yo me acuerdo que hace dos o tres años, ellos estaban pidiendo en la mesa de negociación 3 millones de pesos, nunca se negoció y ya hubo una sentencia de un juez donde nos condenan a pagar 9 millones 315 mil, los cuales pagamos el viernes pasado”.
No obstante, señaló que aún se deben alrededor de 16 millones de pesos para completar los 25 millones que resolvió el juez saldar con los propietarios de los terrenos.
“Se deben unos 25 millones por indemnizar, ya pagamos 9, nos faltarían alrededor de 15 a 16 millones de pesos donde estaban los propietarios”, detalló.
Tena Fernández comentó que ya se tienen valuadores que revisan el precio de los ejidos donde se construyó la presa, a fin de negociar el próximo año con los propietarios, y con ello, mantener la propiedad de la presa.
“Ahorita estamos en el avaluó de las tierras con actuarios con licencia del Inavim que están haciendo el avaluó de los terrenos de los demás ejidos, están por proporcionarnos un precio, y una luego sentarnos a negociar”, detalló.
Explicó que el conflicto se derivó desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quien pactó de palabra con los propietarios, la donación de los predios para la construcción, y posteriormente, éstos, se arrepintieron y demandaron vender, y ante la falta de documentos oficiales que avalaran la donación, se derivó en el conflicto señalado.
“Desde el inicio, dicen que se había donado eso por el beneficio que iba a causar, pero al momento que no logran plasmar ante un notario y en papel, la donación, pues ya después hubo movimientos que decidieron que siempre no lo donaban, sino que lo vendían y en eso estamos. No nomás de Leonel (tuvo responsabilidad), sino de los anteriores gobiernos, desde que inició la presa del gobierno de Lázaro, faltó ahí poner muchas cosas en papel para que no quedaran dudas, y a nosotros nos está tocando regularizar eso. No se ha pagado nada porque supuestamente eran donados, ya después dijeron que no, y ahorita estamos en proceso de indemnizarlos”, comentó.
Concluyó que de momento no se plantea otorgar la propiedad de la presa al gobierno federal, dado que primero se debe regularizar la situación jurídica de los predios donde se encuentra, y añadió que la presa surte muchos beneficios, pues actualmente produce electricidad y riega 5 mil hectáreas, aunque puede beneficiar a 13 mil.