Policía de Morelia no cuida a borrachos de bares, pero sí mantienen negocios con grúas; privilegian a empresas que no tienen permisos para operar en las zonas
Morelia, Michoacán.- Mientras el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar señaló que la policía municipal no cuidaría a los borrachos de los bares, tras el multihomicidio ocurrido en Cantina “La 25”, el pasado 18 de octubre, los elementos de tránsito están más preocupados en mantener la relación ilegal con empresas de grúas para llevar a cabo el arrastre y resguardo en corralones, de vehículos siniestrados.
Los agentes de Tránsito de la Policía de Morelia mantiene la relación privilegiada con las empresas de grúas Muñoz, propiedad presuntamente del exsubsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, a través de su razón social grúas Samu, a quienes otorga prioridad ilegal en el arrastre y resguardo de vehículos siniestrados.
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Este día se registró un accidente vehicular en el boulevard Alfredo Zalce, en Tres Marías, al cual acudieron elementos de tránsito de la Policía de Morelia, quienes, a pesar de que el propietario del vehículo solicitó el servicio de las grúas de su aseguradora, éstos ya habían contactado a grúas Samu para realizar el traslado de la unidad.
La empresa de grúas Muñoz, que se atribuye como propiedad de Gómez Arrieta, ha trabajado, a través de sus diversas razones sociales, con el ayuntamiento de Morelia e incluso con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, desde administraciones anteriores, quienes, hasta la fecha, siguen brindándoles la prioridad en el arrastre y resguardo de vehículos, junto con otras empresas.
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Sobre el tema, se señala una red corrupción, a través de “moches” que otorgan las empresas “Grúas Muñoz” y su razón social “Grúas Samu”; “Grúas Auxilio Vial De México Del Bajío SA de CV”, “Grúas Juárez”, “Grúas Hernández” y “Grúas Danny”, propiedad de Daniel Díaz Barriga, y “Grúas Monarca Zacapu” y otra empresa denominada “H2O”, propiedad de Zeferino Arroyo Ríos, a los agentes de tránsito estatales municipales, a efecto de que les brinden el arrastre y resguardo de las unidades siniestradas para cobrar tarifas a los propietarios de éstas, hasta 400 por ciento más elevadas.