El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participó en la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.
La Organización de las Naciones Unidas es el máximo foro para afrontar y superar los desafíos globales de nuestro tiempo. Por ello, en 2012, Colombia, Guatemala y México solicitaron convocar a esta Sesión Especial de la Asamblea General sobre el Problema Mundial de las Drogas.
De acuerdo con un comunicado de la presidencia de la República señala que “El objetivo, es revisar la actual estrategia internacional y, sobre todo, definir mejores soluciones, desde una perspectiva de Derechos Humanos, prevención y salud pública, que ponga en el centro el bienestar de las personas”.
Durante la actual administración, se ha buscado atender el fenómeno de las drogas de una forma más integral, con una estrategia que evita generar mayor violencia y en la que prácticamente participan todas las secretarías del Gobierno de México.
Con responsabilidad global, México propone:
PRIMERO. El problema mundial de las drogas exige que la comunidad internacional refrende el principio de responsabilidad común y compartida, mediante una cooperación internacional más intensa y efectiva.
SEGUNDO. Es necesario reforzar el frente común ante la delincuencia organizada transnacional, para cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos. Hay que intensificar la cooperación entre los gobiernos y ampliar el intercambio de información y acciones conjuntas, para desmantelar las organizaciones delincuenciales.
TERCERO. Se requiere de una mayor coordinación y colaboración entre las propias agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de abordar todos los aspectos del problema mundial de las drogas.
CUARTO. Las políticas públicas y acciones derivadas de la política internacional sobre las drogas, deben estar alineadas con los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los encaminados a resolver el problema mundial de las drogas, deben ser complementarios y reforzarse entre sí.
QUINTO. Se deben atender los daños sociales relacionados con el mercado ilícito de drogas. Para aquellas comunidades vulneradas por el crimen organizado, se necesita una prevención integral de la violencia, de la exclusión y del debilitamiento del tejido social.
Hay que apoyar a las comunidades afectadas con alternativas educativas, laborales y recreativas, que fortalezcan la inclusión y la cohesión social.En especial, se deben crear alternativas productivas en aquellas localidades donde se siembran estupefacientes; por ejemplo, con la reconversión de cultivos y esquemas internacionales de agricultura por contrato.
SEXTO. Ante las limitaciones del paradigma prohibicionista, se debe atender el tema mundial de las drogas desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Este cambio de fondo, implica modificar el enfoque eminentemente sancionador, para ubicar a las personas, sus derechos y su dignidad.
SÉPTIMO. El consumo de drogas debe atenderse esencialmente, como un problema de salud pública, toda vez que constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, especialmente de niños y jóvenes.
La adicción a las drogas debe atenderse con mecanismos de prevención y soluciones terapéuticas integrales, no con instrumentos penales, que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.
OCTAVO. En los delitos relacionados con las drogas, se deben privilegiar penas proporcionales y alternativas al encarcelamiento, que incorporen también una perspectiva de género.
NOVENO. Se deben sumar esfuerzos internacionales, para prevenir el consumo de drogas, mediante una campaña orientada a niños y jóvenes, a nivel global. Proteger a los miembros más vulnerables de las sociedades, garantizando que conozcan los efectos nocivos asociados al consumo de estupefacientes y psicotrópicos.
DÉCIMO. Se debe asegurar la disponibilidad y un mejor acceso de las sustancias controladas para fines médicos y científicos; evitando al mismo tiempo, su desviación, uso indebido y tráfico. Esta propuesta se deriva del amplio debate nacional sobre el uso de la marihuana, al que convocó el Gobierno de México, con expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.