Morelia, Michoacán.- El pasado 18 de octubre, Uber inició a prestar el servicio en Michoacán, particularmente en los municipios de Morelia y Uruapan. Esto no tiene nada contentos a las organizaciones de transportistas, porque implica competencia que les obliga a reducir tarifas, implementar mayores medidas de seguridad y mejorar las condiciones de las unidades que actualmente circulan por las ciudades mencionadas.
El tema causó polémica en los diversos sectores de la población, pues mientras unos celebraron la llegada de Uber, otros la cuestionaron. Sin embargo, el artículo segundo de la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán, toda vez que éste expresa que, “los particulares tengan derecho a utilizar con fines comerciales las vías estatales de comunicación o cualquier clase de servicio público conexo a éstas, se requiere tener concesión o permiso del Ejecutivo”, lo que otorga razón a uno de los argumentos que esgrimen los transportistas michoacanos.
Lo cierto es que, ante la deficiencia de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán (Cocotra) para iniciar los procesos de sanción contra la empresa Uber por no tramitar las concesiones, los propios trabajadores del volante en Michoacán tomaron la iniciativa, a tal grado que lograron el aseguramiento de aproximadamente 12 unidades en el transcurso de la semana pasada.
No obstante, la acción deja ver no solo la omisión de las autoridades estatales, sino que provoca un efecto contrario, es decir, pareciera que se trata de una campaña de promoción el servicio que presta la transnacional, a través de las agresiones que enfrenta de los transportistas michoacanos, a partir de lo cual, se reduce el poder de los grandes beneficiados por la acumulación de concesiones.
Por lo pronto, este lunes se manifestarán ciudadanos que están en favor del ingreso de Uber a Morelia, por lo que habrá que esperar cuál será el desarrollo de este nuevo episodio dentro del entramado de manifestaciones sociales que aquejan a Morelia, y a Michoacán en general.
Piedra revienta a tijera
El pasado viernes, Contramuro fue testigo de un proceso irregular a través del cual, el Ayuntamiento de Morelia, con un plano y sin más documentos oficiales, inició una obra en una banqueta. Sin embargo, la propietaria de una vivienda aseguró que dicho espacio, en el que la autoridad retiró una valla y uso maquinaria, le pertenecía.
El desencuentro provocó un zafarrancho en el que intervino Ignacio Mendoza Jiménez, abogado conocido por llevar la defensa jurídica del exlíder de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, quien, a través de argumentos legales, demostró la irregularidad de la acción municipal.
El secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental de Morelia, Antonio Plaza Urbina, justificó que la acción era totalmente legal y apegada a derecho, pues argumentó que es una facultad de la autoridad, actuar de dicha manera. No obstante, el defensor jurídico insistió en que se trata de una irregularidad, dado que no se apercibió de la acción a los propietarios.
La autoridad lleva a cabo estas acciones en otros sitios, pero cuando se trata de aplicar la ley a quienes tienen el sartén por el mango, la historia es distinta, pues en el caso del hotel que le fue heredado al alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y que también obstaculizado el paso peatonal en la avenida Madero, ahí no se actúa conforme a la legalidad.
Tijera corta papel
Desde hace años, han sido constates las críticas al Festival Internacional de Cine de Morelia, debido a la selectividad y el elitismo con el que abre sus puertas solo a medios de comunicación nacionales a internacionales, así como a turistas nacionales y extranjeros. Siempre dejando de lado a los locales, de quienes presume son los grandes beneficiarios del evento.
Durante la inauguración de esta décimo quinta edición, el restringido acceso para los medios locales fue más allá, pues no bastó la acreditación para que a uno de los compañeros periodistas le fuera negado el paso al evento, debido a su color de piel morena.
La inconformidad ha salido a relucir en el gremio periodístico local, que indignado, ha expresado su solidaridad. Y es que el caso del periodista no ha sido el único a quien el festival le ha cerrado las puertas, pues a otros periodistas también se las han aplicado igual, pero en ningún otro caso se trató de un asunto racista y discriminatorio. Esperemos que los organizadores cambien la actitud y abran sus puertas no solo a los medios de comunicación de Michoacán, sino en general a toda la población de este estado.
Papel envuelve a piedra
Este domingo 22 de octubre, Apatzingán se preparó para su más emblemática festividad conmemorativa de la promulgación de la Constitución de 1814, de la autoría del generalísimo José María Morelos y Pavón. Desde una noche antes, los habitantes del corazón de la tierra caliente del estado realizan una de las pachangas más desbordadas dentro de los festejos por las efemérides.
Sin embargo, en esta ocasión, el gobierno estatal perdió el control de la seguridad, pues la noche del 21 de octubre, en el municipio de Múgica, apenas a unos minutos de Apatzingán, se registró un atentado contra elementos de la Policía Michoacán que dejó como saldo 2 heridos, mientras que la tarde del 22 de octubre, tras los actos conmemorativos, civiles armados incineraron un vehículo en el camino a la presa de El Rosario.
Los sucesos revelaron que las autoridades no han logrado su cometido de abatir la inseguridad en Michoacán y que aún estamos lejos de ese octavo lugar a nivel nacional, que se jactan las autoridades, poseemos en el combate a la incidencia delictiva.
Y mientras esperamos mejores noticias y menos grilla en el transcurso de esta semana, este tecleador se despide diciéndoles, “ahí nos leemos el próximo lunes”.